México. Corrupción afecta a los más pobres, dice comisión de derechos humanos

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Por: João Flores da Cunha | Traducción: Juan Luis Hermida | 02 Junho 2017

La corrupción en México afecta los derechos humanos de los ciudadanos, en especial a los más pobres, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos – CNDH del país. Las afirmaciones son sustentadas por un estudio presentado el 31-5 en un evento sobre las implicaciones de la corrupción en los derechos humanos en México.

La CNDH, que está relacionada al gobierno federal, afirmó que la corrupción reduce y limita los recursos públicos para atender a las necesidades de la población, como salud y educación, lo que afecta los derechos humanos de los ciudadanos méxicanos.

Esos problemas se agravaron en los últimos años, según la CNDH, y perjudican sobre todo a las personas más pobres, en la medida en que ellas dependen más de las políticas públicas.

Llamado “Los derechos humanos y la corrupción en México”, el estudio fue realizado en conjunto entre la CNDH y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

El coordinador del estudio, Daniel Vázquez Valencia, afirmó que había la suposición de que la corrupción y la impunidad causaban violaciones a los derechos humanos, “pero ahora ya tenemos seguridad empírica, las pruebas de que es así, y que el mayor impacto, los más graves, son en asunto de salud.” La investigación muestra una correlación directa entre los niveles de corrupción y las violaciones de derechos humanos, como el derecho del acceso a la salud, alimentación, educación y vivienda.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, defendió que el vínculo entre corrupción y derechos humanos debe ser reconocido y visualizado. Según González, la corrupción ayuda a perpetuar la desigualdad, la pobreza y la exclusión en el país.

Para él, es “inconcebible” que recursos públicos no sean utilizados para atender a la población, y que actos de desvíos de esos recursos permanezcan impunes. Él señaló que parte de las necesidades sociales del país podrían ser atendidas si la corrupción fuera eliminada.

“La prevención y el abatimiento de la corrupción y de la impunidad nos interesa y envuelve a todos. Debemos apostar por una cultura de la legalidad que elimine de nuestra realidad esas prácticas que corroen la moral social y debilitan nuestras instituciones y la vida democrática. Fomentemos mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, la vigilancia social, la transparencia, así como la prestación de cuentas sustentada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos”, declaró González.

Arely Gómez, la secretaria de la Función Pública del gobierno federal, declaró que la corrupción es el tema de mayor prioridad en México, y que debería ser encarado de forma conjunta entre la sociedad y el gobierno.

Gómez señaló que los derechos humanos deben ser considerados como el centro “de la vida política, gubernamental y social de nuestro país.” Para ella, en donde vigora la corrupción no hay Estado de derecho y tampoco derechos humanos, “y en ese caso el gobierno falta por completo con su responsabilidad frente a la sociedad.”

Recientemente, la Coparmex, una entidad patronal méxicana, estimó que la corrupción cuesta al país entre 8% y 10% de su Producto Bruto Interno – PBI. El dirigente nacional del órgano, Gustavo de Hoyos, hizo una crítica al Congreso del país, que, según él, “no muestra interés en convocar un período extraordinario de sesiones para que sean formadas las instituciones que son pieza fundamental en el combate a la corrupción.”

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