Honduras. Informe denuncia papel de la elite en violencia contra activistas

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Por: João Flores da Cunha | Traducción: Juan Luis Hermida | 09 Fevereiro 2017

Honduras es el país más violento del mundo para activistas ambientales: desde 2010, fueron asesinados 123 defensores de causas indígenas y ambientales. Las elites políticas y económicas del país son responsables por infligir esa violencia. Esas son las principales conclusiones de un informe de la organización no gubernamental Global Witness divulgado el 31-01.

El crimen que generó mayor repercusión internacional, el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, no fue un hecho aislado, muestra el informe. Existe una “violenta represión” contra activistas que es impulsada por los intereses económicos de las elites del país y por “altos cargos políticos”, afirma la Global Witness.

El informe menciones la política Gladis Aurora López como uno de esos “altos cargos.” Ella es presidenta del partido que gobierna honduras y vice presidenta del Congreso – se trata de “una de las figuras más poderosas” del país, según el informe. El marido de López es responsable por el proyecto de construcción de una hidroeléctrica, que proporcionará energía al Estado. La situación presenta un “evidente e ilegal conflicto de intereses”, señala la ONG.

“Nuestras investigaciones demuestras que las elites políticas y empresariales hondureñas están utilizando medios corruptos y delictivos para aprovecharse de la riqueza natural del país y están consiguiendo el apoyo de fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a atravesar su camino”, afirmó Billy Kyte, de la Global Witness. El estudio de la ONG para la elaboración del informe duró dos años, y documentó amenazas, agresiones y asesinatos de activistas.

El informe también denuncia la impunidad de los crímenes: las fuerzas de seguridad hondureñas son responsables por parte de la violencia contra activistas. Existen indicios de la participación del ejército y de la policía del país en esos crímenes, pero los responsables difícilmente son conducidos a la Justicia.

La violencia contra los defensores del medio ambiente está asociada al extractivismo, de acuerdo con el informe. “Los conflictos por causa de la minería, de las represas hidroeléctricas y agroindustria son las principales causas de esas muertes y la mayoría de las víctimas pertenecen a grupos indígenas y a comunidades rurales”, según la Global Witness.

La ONG señala que, a partir del golpe de Estado de 2009, que retiró al presidente Manuel Zelaya del poder, el país “adoptó una estrategia agresiva de crecimiento económico que defiende los intereses de la industria sobre los de las poblaciones rurales pobres del país.” Desde entonces, se multiplicaron los megaproyectos y los controles ambientales fueron reducidos, apunta la organización.

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