El gobierno del presidente Mauricio Macri utilizó un decreto de 1997 para justificar la baja de pensiones por discapacidad. Mientras que en la época del kirchnerismo los titulares de ese beneficio crecieron de 350.000 a 1,6 millones entre 2003 y 2016.

El reportaje es publicado por Andes, 13-06-2017.

Entre los requisitos actuales para acceder están la acreditación de un nivel de discapacidad de 76%, que el cónyuge no esté amparado por el régimen de previsión o que posea bienes o ingresos que le permitan subsistir.

Según el gobierno de Macri la salida de 83.000 personas del régimen de pensiones se debe a una depuración del padrón, y no por ajustar las cuentas públicas. Sin embargo, los gremios denuncian situaciones de discrecionalidad generalizadas que implican un cambio de fondo en la orientación de la política pública de la cobertura social.

En lo que va de 2017 se eliminaron 5.713 pensiones a madres con más de 7 hijos y se suspendieron otras 5714, se dieron de baja 12.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491.en total se eliminaron o suspendieron 83.133 pensiones, según información publicada por el periódico Página 12.

Las personas a quienes se les quitó el beneficio afirmaron que no les avisó previamente y se enteraron al acudir a cobrar la pensión. Y por parte del Ministerio de Desarrollo Social no avisó previamente, ni pidió precedentes para aclarar su situación patrimonial.

También el gobierno desmontó los equipos que trabajaban en territorio y que atendían la situación integral de las familias con algún integrante discapacitado, lo cual agrava los problemas sociales entre los sectores más desprotegidos.

La Justicia Federal ya se pronunció en contra de estos recortes unilaterales y sin previo aviso. El magistrado de General Roca, Hugo Greca, falló a favor de un pensionado de la provincia de Río Negro, quien en abril dejó de cobrar el beneficio con el que contaba desde hace siete años. Se dispuso a Desarrollo Social "devolver a la planilla de pensionados sin dilaciones".

El el 9 de junio el juez determinó “hacer lugar a la medida cautelar y ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que deje de inmediato sin efecto la suspensión ordenada del beneficio a favor de Miguel Ricardo Bravo y se continúe su regular pago en los términos en que fue otorgada hasta el período mayo de 2017, y ello hasta que se dicte sentencia definitiva”.

La medida cautelar había sido interpuesta por iniciativa del diputado nacional, Martín Doñate del partido Frente para la Victoria.

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