En Bolivia, una jueza decretó la prisión preventiva de 9 mineros acusados de estar involucrados en el asesinato de Rodolfo Illanes, que era viceministro del Interior del país. El crimen ocurrió el día 25/08/2016.

Entre los detenidos, están el presidente y el vicepresidente de la Federación Nacional de las Cooperativas Mineras de Bolivia - Fencomin. El sector, antiguo aliado del presidente Evo Morales, entró en conflicto con el gobierno a causa de los cambios realizados por este en leyes sobre minería y sobre cooperativas.

El día del asesinato de Illanes, los mineros estaban bloqueando la principal ruta del país, que conecta Oruro y Cochabamba. El viceministro había sido enviado para mediar en el conflicto y dialogar con los mineros, pero acabó siendo secuestrado por ellos.

Illanes fue “torturado durante 6 o 7 horas”, según el promotor general del país, Ramiro Guerrero, y golpeado. La causa de su muerte fue un derrame cerebral, ocurrido tras un golpe en la cabeza. Cuatro mineros murieron en los embates que se produjeron entre ellos y la policía.

La reacción del gobierno

Frente al asesinato de Illanes, el gobierno de Evo reaccionó fuertemente, denunciando conspiración y una tentativa de golpe por parte de los mineros. “El gobierno nacional derrotó un golpe de Estado”, afirmó el presidente. Acusó a sectores de derecha de apoyar a las cooperativas.

Declaramos al hermano Rodolfo Illanes Héroe Defensor de nuestros RRNN. Ejemplo de lucha revolucionaria por Bolivia. pic.twitter.com/mGefebORV9

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 26 de agosto de 2016

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó el movimiento de los mineros cooperados de querer, “por lo menos, desestabilizar el gobierno”. También mostró explosivos que estarían en posesión de los mineros.

Romero: Cooperativistas planificaron, organizaron y ejecutaron un plan golpista con bajas y derramamiento de sangre pic.twitter.com/ozQ6Za6yVV

— MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) 28 de agosto de 2016

Disputa de poder

La tensión entre los mineros y el gobierno se da a causa de alteraciones en la Ley de Minería del país, que no permite que las concesiones de minas, controladas por las cooperativas, sean transferidas para empresas privadas extranjeras. El gobierno denuncia que, a través del arrendamiento de minas a empresas privadas, las cooperativas estarían entregando los recursos naturales del país, que fueron nacionalizados por Evo al inicio de su primer mandato, en 2006.

El conflicto se agravó el 19/08, cuando el Gobierno aprobó una alteración en la Ley de Cooperativas, que obliga a que los empleados de las mineras se sindicalicen - lo que debilitaría el poder de las cooperativas.