18 Julho 2017
"Los estados tienen en sus manos la decisión sobre el cambio climático. No solamente por su capacidad o legitimidad para elaborar y disponer políticas públicas que cambien los modos de producción y consumo. Sino más sencillamente dejando de contribuir con sus recursos –recursos de la sociedad por otra parte- en la inversión y el apalancamiento de las inversiones en hidrocarburos", escribe Gerardo Honty, analista en Energía y Cambio Climático de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)- en artículo publicado por Alai, 17-07-2017.
El iceberg más grande de la historia acaba de desprenderse de la Antártida, mientras en el Ártico se presentan las temperaturas más altas jamás antes registradas. Las olas de calor vuelven a arrasar el hemisferio norte, mientras los glaciares del sur crecientemente pierden masa. A pesar de ello el mundo sigue invirtiendo enormes sumas de dinero en la explotación de petróleo, gas y carbón según el reporte publicado días atrás por la Agencia Internacional de la Energía (World Energy Investment 2017).
La inversión total en Energía fue de USD 1,7 billones en 2016, el 40% de los cuales fueron destinados a inversiones en petróleo y gas. Después de la desaceleración ocurrida en 2015 por la caída de los precios del crudo, las inversiones en el “upstream” de los hidrocarburos se recuperaron en 2017. Los destinos preferidos fueron el esquisto de Estados Unidos, las grandes zonas petroleras de Oriente Medio y Rusia y la cuenca off shore de México.
El papel de los actores estatales en las inversiones en energía sigue siendo elevado, alcanzando el 42% en 2016, superando el nivel de 39% alcanzado en 2011. Las compañías petroleras nacionales están desempeñando un papel cada vez más importante en el gasto en exploración y explotación de petróleo y gas. Inversamente los costos de los programas gubernamentales de eficiencia energética equivalen a menos del 15% del gasto en eficiencia energética.
La caída de los precios del petróleo no afectó significativamente la financiación de las inversiones por petróleo y gas, aunque la mayoría de ellos aumentaron significativamente el apalancamiento, es decir, la toma de créditos. A pesar de los recortes de inversión y una mejor disciplina de costos, las mayores compañías petroleras incrementaron la deuda en más de USD 100 mil millones entre finales de 2014 y principios de 2017.
Las compañías de Estados Unidos son las más endeudadas. Según datos de Bloomberg (recopilados en SRSrocco Report), el monto de los bonos por debajo del grado de inversión que las empresas de energía estadounidenses deberán pagar en 2017 aumentará a USD 70.000 millones, bastante más de los 30.000 millones de dólares que debieron abonar en 2016. La deuda pendiente (en bonos) saltará a USD 110 mil millones en 2018, a USD 155 mil millones en 2019, y luego se disparará a USD 230 mil millones en 2020.
La ex Secretaria Ejecutiva de la Convención de Cambio Climático, Christiana Figueres, acaba de publicar junto a otros autores, una carta donde advierte que, para poder tener una chance de reducir la amenaza del cambio climático, los cambios en el sector energía deben hacerse antes del 2020. Esto no es una novedad. Ya otros informes anteriores del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la Agencia Internacional de la Energía e instituciones independientes vienen advirtiendo lo mismo.
Pero -como puede desprenderse de los montos de las deudas a futuro tomadas por las empresas energéticas- las compañías petroleras, los inversores públicos y privados, los bancos y los agentes de deuda, siguen apostando a un aumento en la extracción y comercialización de hidrocarburos más allá de las restricciones que el cambio climático impone.
Según el reporte de la AIE ya mencionado, en los últimos tres años las emisiones de gases de efecto invernadero se estabilizaron gracias a la inversión en eficiencia energética. Pero las inversiones en nuevas tecnologías de bajo carbono se han estancado. A pesar de que la participación de la eólica y solar crecieron en los últimos cinco años, su contribución resulta prácticamente anulada por la desaceleración de las inversiones en energía hidroeléctrica, que disminuyeron en más de la mitad en el mismo período de tiempo. La inversión en nueva generación de tecnologías de bajas emisiones de carbono debería aumentar sólo para mantener su proporción de participación en la matriz energética.
La mitad de los gases acumulados en la atmósfera desde que comenzó la era industrial fueron emitidos a partir de 1988. Esto es, en los últimos 30 años se lanzaron a la atmósfera la misma cantidad de gases que en los 250 años previos lo que da una idea del imponente aumento en la tasa de emisiones. Solo unas 100 empresas energéticas son responsables de más de la mitad de dichas emisiones según un reciente reporte Carbon Majors Report 2017 elaborado por Carbon Disclosure Project (CDP). Es decir, estas empresas son las que han extraído y comercializado el petróleo, gas y carbón suficiente como para convertirse en la mayor causa de la amenaza climática bajo la cual vivimos.
El reporte constata además, que la mayor responsabilidad no cae en las empresas privadas, como se tendería a suponer, sino en las empresas estatales y los inversionistas públicos. Y particularmente de las empresas públicas estatales de los países en desarrollo, pues son las propietarias de las mayores reservas y tienen mayor participación en el mercado.
Las 100 mayores empresas son responsables por 635 GtCO2 emitidas desde 1988 a la fecha; de ellas, 59% son empresas estatales, 32% son propiedad de inversionistas públicos y solo 9% de empresas privadas. Entre las primeras 10, seis representan más de un cuarto de las emisiones globales y son empresas estatales de países en desarrollo: China, Irán, Arabia Saudita, India y México. Además de Pemex que aparece en el séptimo lugar, PDVSA y Petrobras ocupan los puestos 13 y 22.
En consecuencia, los estados tienen en sus manos la decisión sobre el cambio climático. No solamente por su capacidad o legitimidad para elaborar y disponer políticas públicas que cambien los modos de producción y consumo. Sino más sencillamente dejando de contribuir con sus recursos –recursos de la sociedad por otra parte- en la inversión y el apalancamiento de las inversiones en hidrocarburos.
El año de 1988 -que divide en mitades iguales las emisiones acumuladas en la atmósfera- no es un detalle menor en este relato. Ese fue el año de la instauración del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, creado para alertar a los Estados de las Naciones Unidas de los riesgos futuros de seguir invirtiendo en combustibles fósiles. El futuro ya llegó, pero los gobiernos siguen actuando como si aquello nunca hubiera existido.
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