25 Abril 2018
En los rincones empobrecidos de Colombia, como Catatumbo, Tumaco y Chocó, las balas retumban y las amenazas de los hombres alzados en armas –ex paras, disidencias de la guerrilla y nuevos paras– causan terror y muerte. Es publicada por Katalina Vásquez Guzmán, 24-04-2018.
Campesinos que huyen, cadáveres de líderes, cartas de amenazas, periodistas baleados, paramilitar armado, ex paras extraditados y el líder rebelde Jesús Santrich aguantando sus últimos alientos en la Cárcel La Picota. La Colombia de esta semana no es una en paz como prometían los acuerdos. Los escándalos por la corrupción en el manejo de los dineros de la paz se atenúan con las escenas de sangre, terror y narcotráfico que recuerdan que ni la guerra, ni la coca, ni las armas, han desaparecido en un país a punto de elegir su próximo presidente. Como toda época de comicios, la violencia arrecia pero esta vez con una ex guerrilla de las FARC desarmada y uno de sus principales líderes tras las rejas, en huelga de hambre, y poniendo en agonía, además de sus órganos ya maltratados por huelgas similares en exigencia del cumplimiento de la amnistía y el Acuerdo de Paz, el futuro de la paz de Colombia.
“Lo que pase con Jesús Santrich tendrá efectos no solo en la implementación inmediata del Acuerdo de Paz sino que definirá la historia próxima del país”, le dice a PáginaI12 Gustavo Gallardo, abogado de Seuxis Pausivas (Santrich) que no cesa de mandar mensajes desde su frío lugar de reclusión en el sur de Bogotá, a donde fue trasladado después de pasar los primeros días en el búnker de la Fiscalía donde la semana pasada una gran protesta que incomodó al Fiscal habría provocado el traslado al Pabellón de Alta Seguridad. En sus cartas a ex combatientes, al mismo Fiscal General, y a su familia, “Santrich” insiste en despedirse y dejar claro que ofrendará su vida ante el “fallido” proceso de paz en el cual se declara traicionado y víctima de un montaje de Estados Unidos y la derecha colombiana, interesada, dice, en no realizar la reforma rural, en no devolver la tierra robada a los campesinos, en continuar cultivando y exportando cocaína, en mantener el poder limitado para ellos, y en seguir acallando los movimientos sociales.
En los rincones empobrecidos de Colombia, como Catatumbo, Tumaco y Chocó, las balas retumban y las amenazas de los hombres alzados en armas – ex paras, bacrim, disidencias de la guerrilla, “elenos”, y nuevos paras– causan terror y muerte. Aún no se recuperan los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados por “Guacho” en la frontera con Ecuador, y la Mesa de Conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya fue expulsada de ese país dilatando así el nuevo cese al fuego que aliviaría a los negros, indígenas y campesinos que padecen los fusiles en las ricas y exuberantes sábanas de Catatumbo, o en las montañas de Antioquia, o entre los ríos del Pacífico donde los criminales aprovechan los vacíos de las Farc. Mientras tanto, los ahora integrantes del partido político –ya desarmados, sin dinero tras devolver sus bienes al gobierno, y en muchos casos sin alimento– esperan con las últimas gotas de paciencia a que el Estado cumpla con las tierras, los proyectos productivos y sobretodo la seguridad jurídica pactada en el Acuerdo que se negoció en La Habana durante cuatro años y uno de cuyos principales artífices está hoy detenido presionando con su propia vida para que su caso sea traslado a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tal como reza el Tratado de Paz que fue avalado por el Congreso, depositado como acuerdo humanitario especial y le valió el Nobel de Paz al Presidente Juan Manuel Santos.
“Estamos agotando la paciencia. Por ahora, seguiremos las directrices del Partido, pero si no vemos garantías futuras, si el camarada Santrich no es puesto en la JEP como debe ser, no por capricho de nadie sino por cumplir lo que pactamos, y sino vemos seguridad para nosotros, tendremos que tomar decisiones”, expresó desde un Espacio Territorial de Reincoporación y Capacitación (ETCR) antes Zonas Veredales el ex comandante “Silfredo Mendoza” quien recuerda que los centenares de hombres y mujeres que componían su tropa y siguen en la Zona tiene hoy comida y actividades productivas, “es gracias al propio esfuerzo nuestro porque el gobierno no solo nos está incumpliendo con las tierras, se está robando el recurso que llega de otros países, sino que arma montajes para poner nuestros líderes en la cárcel”.
Entre tanto, los temblores por el revolcón en el negocio de la coca pusieron en un avión de la DEA al ex paramilitar Daniel Rendón Herrera “Don Mario” el día de ayer; mientras las ciudades se desangraron como en los años noventa por cuenta de las disputas narcos. En las comunas populares de Medellín las balas tronaron y acabaron con la vida de 9 personas entre el domingo y el lunes; y panfletos amenazantes en apartadas zonas cocaleras donde un nuevo grupo paramilitar advierte que pondrá “orden” a su estilo, también circularon en las calles de la capital antioqueña.
Al mismo tiempo, se descubre que las Fuerzas Militares están desviando dinero de sus compras de logística, y que los agentes de seguridad de líderes sociales están actuando, en algunos casos, como mulas de narcotráfico, mientras los candidatos a la presidencia prometen una cosa y otra para salvar esta patria que se sacude, como durante décadas, derramando la sangre de los más inocentes y llenando los bolsillos de políticos y militares que son noticia de la semana.
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