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Deposición de armas de las FARC es punto crucial del acuerdo de paz

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Por: Vitor Necchi | 28 Junho 2017

Este martes, se cierra un largo y violento ciclo de Colombia, con la entrega de cerca de 7 mil armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC a una comisión especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este hecho, crucial para la efectivización del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, marca el inicio de la salida de la clandestinidad y reincorporación a la vida civil de este contingente, después de medio siglo en que el país vivió en conflicto. Se estima que el 40% de los artefactos todavía estaba en manos de los guerrilleros.

De parte del gobierno, la conducción del proceso de pacificación fue llevada por el filósofo y filólogo Sergio Jaramillo, que fue vice-ministro del actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando él aún era responsable de la cartera de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe. Jaramillo, en una entrevista para la BBC Mundo, enfatizó que es necesario distinguir dos etapas en lo que está en curso: una es la deposición de las armas, que considera un proceso más rápido; la otra, más compleja y larga, es la identificación civil de los hombres y mujeres que participaban de la guerrilla y que ahora recibirán nueva documentación.

El acuerdo de paz firmado el año pasado representó un avance sin precedentes en el enfriamiento del ciclo de violencia en el país, que generó el más largo conflicto civil del mundo. El Estado entiende que tanto la guerra como la organización han llegado a su fin. En este sentido, el final del desarme representa un marco histórico, pero el ciclo del horror no se extinguió por completo. Algunos atentados recientes indican que la normalidad todavía no fue alcanzada.

El día 17 de junio, la explosión de una bomba en el baño femenino de un centro comercial en el centro de Bogotá causó la muerte de tres mujeres e hirió a más de 10 personas, provocando pánico en la capital del país. Ningún grupo reivindicó la autoría del atentado, que ocurrió durante la implementación del acuerdo entre el gobierno y las FARC, cuando el 60% de las armas ya habían sido entregadas. Además de esto, grupos contrarios a la pacificación siguen cometiendo secuestros, y los traficantes declararon la guerra a la policía en mayo, a partir del momento en que quedaron acorralados por las fuerzas de seguridad.

Como parte de la estrategia de resistencia al tratado de paz, el Clan del Golfo – el más articulado de los grupos armados que producen coca, en actividad desde el 2006 – promete el equivalente a 700 dólares de recompensa por cada policía asesinado. Ya consiguieron eliminar 9 agentes y herir a 37. Según el gobierno, esto es una respuesta de los criminales al avance de las fuerzas públicas de seguridad. En el imaginario de la población, teniendo en cuenta las diferencias, es inevitable que la remuneración de sicarios recuerde los tiempos de Pablo Escobar, en los años ’80.

La reconciliación es el objetivo del gobierno, en un momento en que la sociedad está bastante polarizada, pues muchos se posicionaron contrarios al dialogo con las FARC, a ejemplo de los dos ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Ambos se encuentran al frente de una coalición que mira hacia las elecciones del 2018 y que pretende sedimentarse a partir de quien votó “no” en el plebiscito que intento aprobar sin éxito, el 2 de octubre del año pasado, la propuesta del gobierno para terminar el conflicto con las FARC. La derrota del “si” no impidió que el gobierno y las FARC prosiguieran con las tratativas.

El papa Francisco viajará a Colombia en septiembre buscando la conciliación de un país dividido. En esa ocasión, presidirá un gran encuentro de oración en Villavicencio, capital del departamento de Meta, situada en el centro del país, región que en las últimas décadas fue una de las más afectadas por la guerrilla y por la producción de coca. En el itinerario de cuatro días del pontífice, están previstos pasajes por Bogotá, Medellín y Cartagena.

Las FARC, inicialmente formadas por campesinos, iniciaron en 1964 una guerra civil contras las fuerzas conservadoras que eran responsabilizadas por la grave situación social y económica por la cual pasaba el país. En su origen, estaba la disputa por la tierra, en el rastro de los conflictos motivados por la reforma agraria a partir de 1948. En los años ’60 y ’70, la separación ideológica del mundo en dos bloques se reprodujo en la contienda: de un lado, comunistas guerrilleros, del otro, gobiernos que encarnaban el capitalismo y milicias armadas mantenidas por hacendados. En los años ’80, las FARC comenzaron a involucrarse con el narcotráfico que, junto con la minería ilegal y los secuestros, financiaban las operaciones. El resultado de décadas de combates es trágico: 8 millones de personas alcanzadas, 220 mil muertos, 45 mil desaparecidos. Ahora, en tiempos de concretización de la paz, cada guerrillero recibirá un certificado que entregó su armamento, y los artefactos recogidos darán origen a tres monumentos que serán instalados en Bogotá, en La Habana (Cuba), donde las negociaciones se desarrollaron durante cuatro años, y en la sede de la ONU, en Nueva York (EUA).


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