19 Julho 2018
En Nicaragua, donde las fuerzas gubernamentales tomaron el control el miércoles de la ciudad rebelde de Masaya, se cumplen exactamente tres meses de un movimiento de protesta antigubernamental duramente reprimido, que ha dejado unos 280 muertos.
Los manifestantes iniciaron sus protestas en abril, en rechazo a una reforma de las pensiones, que días más tarde fue revocada por el presidente Daniel Ortega, a quien exigen su salida del gobierno. Este exlíder de la revolución sandinista había estado en el poder entre 1979 y 1990, antes su regreso en 2007.
El reportaje es de Diego Vera Biobiochile, publicado por BioBioChile, 18-07-2018.
El 18 de abril, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presenta una reforma previsional que incrementa las contribuciones y disminuye las pensiones en 5%, desencadenando en varias ciudades manifestaciones lideradas por estudiantes, severamente reprimidas.
El 22 de ese mes, Ortega da marcha atrás con la reforma, dejando una ola de protestas marcadas por enfrentamientos y saqueos, que causó 25 muertos en cinco días.
La marcha atrás en la reforma no calma la ira, y el 23 de abril decenas de miles de personas, entre ellas empleados, estudiantes, campesinos y empresarios, se manifiestan en Managua para denunciar la represión.
La ONU llama a Nicaragua a que “inicie investigaciones independientes y transparentes” sobre las víctimas, lamentando posibles “ejecuciones ilegales”.
El 12 de mayo, cuando la movilización se intensifica, el ejército dice que “no reprimirá” las manifestaciones. Un diálogo tenso se abre el 16 de ese mes entre el presidente y la oposición con el respaldo de la Iglesia católica, pero se suspende tras una semana, por la falta de acuerdo sobre la democratización del régimen.
El día 28, las partes acuerdan reanudar las conversaciones.
Amnistía Internacional denuncia el uso de grupos paramilitares para reprimir a los manifestantes.
El 30 de mayo, la comunidad empresarial también toma distancia de Ortega, que asegura que permanecerá en el cargo pese a las protestas.
Después de la muerte de 16 manifestantes durante una marcha el día de las madres en Managua, los obispos vuelven a suspender las negociaciones.
El 4 de junio, Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta, hace un llamado al diálogo, sin una propuesta concreta. Al día siguiente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condena la violencia, sin responsabilizar al régimen por la represión.
El día 7, la conferencia episcopal presenta un plan de democratización con anticipadas reformas presidenciales y constitucionales, demandas de los manifestantes.
El 11 de junio, las fuerzas de seguridad intentan desmantelar las barricadas extendidas en el país, y la violencia se renueva.
El 14, el país se paraliza por una huelga general, durante un día también marcado por la violencia.
Al día siguiente, contra viento y marea, el gobierno y la oposición llegan a un acuerdo, permitiendo que observadores de derechos humanos ingresen en Nicaragua e investiguen la violencia. La oposición acepta un plan para eliminar los bloqueos.
Pero el 18 de junio, el diálogo vuelve a interrumpirse.
El 23, se renueva la represión, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se refugian docenas de estudiantes.
El día 30, miles de nicaragüenses marchan para exigir la renuncia del presidente. Sin embargo, Ortega descarta el 7 de julio un adelanto de las presidenciales, describiendo a los opositores como “golpistas”.
El 13 de julio, el país se paraliza nuevamente por una huelga general, después de una marcha masiva el día anterior con el mismo objetivo: la salida de Ortega. Estudiantes de la UNAN son duramente reprimidos y se refugian en un templo cercano: dos jóvenes mueren tras 20 horas de asedio.
El 15 de julio fuerzas progubernamentales lanzan un operativo en Masaya y ciudades vecinas para levantar bloqueos de vías con saldo de 10 muertos.
En los días siguientes, la comunidad internacional insiste en que se detenga la represión.
El 17 de julio, las fuerzas antimotines y paramilitares lanzan un asalto (bautizado por la oposición “operación limpieza”), contra Masaya, la ciudad más rebelde del país. Al menos dos personas mueren.
Uno de los representantes de la oposición, el líder campesino Medardo Mairena, es acusado por la justicia de terrorismo y de intentar socavar el orden constitucional.
Después de violentos enfrentamientos, las fuerzas progubernamentales toman el control de Monimbó, un barrio rebelde de Masaya.
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