18 Novembro 2016
Mientras que las familias de los normalistas ejecutados, desaparecidos y heridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 manifestaron la esperanza que les trae la puesta en marcha del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificaron que es una obligación del Estado dar con el paradero de los estudiantes y advirtieron que los resultados de la investigación deben ser “sustantivos” y no trámites administrativos.
El reportaje es publicada por Sistema Integral de Información en Derechos Humanos - SIDIDH, 16-11-2016.
En la primera visita del mecanismo -que parte de las medidas cautelares aún vigentes a favor de las víctimas- a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México de la CIDH y quien coordinará el mecanismo, sostuvo que “es conmovedor estar aquí. Nos mueve el corazón para encontrar la verdad y la justicia”.
En punto de las 11:30 horas, las y los integrantes de la CIDH llegaron a las instalaciones de la Normal, donde fueron recibidos por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Las palabras de bienvenida corrieron a cargo de un representante del Comité Estudiantil, quien denunció que el gobierno se empeña en ocultar líneas de investigación y pidió que el caso se “descoculice”.
A nombre de las familias, Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava, agradeció que la CIDH no les deje solos porque “es mucho el dolor y la desesperanza” y sostuvo que el arranque de trabajos del mecanismo les ayuda a seguir adelante. Por su parte, Maximino Hernández Cruz, padre de Carlos Lorenzo Hernández, valoró positivamente que continúen las investigaciones.
Tras una reunión privada de más de dos horas entre los integrantes del mecanismo y las familias de los normalistas, el comisionado Gil Botero explicó en conferencia de prensa que la parte toral de su trabajo será monitorear las investigaciones de acuerdo con lo marcado en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
El mecanismo tendrá cuatro grandes ejes: monitorear el avance de la investigación; asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los jóvenes desaparecidos; asegurar la atención integral a las víctimas y sus familiares e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El plan de trabajo presentado por los integrantes del mecanismo abarca hasta noviembre de 2017, incluyendo visitas oficiales periódicas de los comisionados además de las visitas técnicas de los cinco asesores, aunque sus tareas deberán seguir hasta dar con el paradero de los jóvenes.
El día anterior, al presentar públicamente su Plan de Trabajo, la CIDH ratificó que está demostrado que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula y llamó al gobierno mexicano a cambiar esa narrativa y analizar “líneas factibles”.Los comisionados de la CIDH e integrantes del equipo técnico del mecanismo se reunieron el jueves por la mañana con el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, la canciller Claudia Ruiz Massieu y el subprocurador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. También sostuvieron un encuentro con Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México). El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, informó que habrá visitas oficiales periódicas de los comisionados, además de las visitas técnicas de los cinco asesores.
