Por: João Flores da Cunha | Traducción: Mariana Szájbély | 22 Novembro 2016
La corte constitucional de Ecuador dio su parecer favorable a la realización de una consulta popular en el país sobre paraísos fiscales. La iniciativa del presidente Rafael Correa busca impedir que personas que tienen recursos en países que operan como paraísos fiscales ejerzan cargos en el sector público ecuatoriano. La decisión fue anunciada el día 18/11.
El tribunal consideró que la pregunta propuesta por Correa es constitucional. Los ecuatorianos responderán si “¿están de acuerdo que, para desempeñar una función de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? La consulta debe ser realizada junto con las elecciones presidenciales, en febrero del 2017.
Importante: @CorteConstEcu notificó al CNE con dictamen favorable de #ConsultaPopular #ParaísosFiscales presentada por @Presidencia_Ec 1/2 pic.twitter.com/RAw3mlw5yG
— Juan Pablo Pozo B. (@JuanPabloPozoB) 21 de novembro de 2016
La iniciativa está siendo llamada por el gobierno como “Pacto Ético ya”. Si es aprobada, los futuros candidatos a la presidencia, por ejemplo, precisarían demostrar que no tienen recursos en paraísos fiscales para candidatearse.
Hola a tod@s.
— Rafael Correa (@MashiRafael) 24 de outubro de 2016
Semanas intensas.
Hoy estuvimos en Corte Constitucional para defender consulta popular sobre paraísos fiscales.
Estuvieron... pic.twitter.com/6ritoQjhBd
Según datos del Gobierno, solamente entre 2014 y 2015, el Ecuador perdió 3,4 billones de dólares en paraísos fiscales - cantidad que sería suficiente para pagar los daños causados por el terremoto que asoló el país en abril, de acuerdo con Correa.
Si la población aprueba la iniciativa de Correa, se iniciará un periodo de transición de un año durante el cual leyes del país deben ser alteradas y los servidores públicos deben deshacerse de dinero y bienes localizados en paraísos fiscales. Basta la mitad más uno de los votos para que la iniciativa sea aprobada. 12,8 millones de ecuatorianos están habilitados para votar.
