17 Julho 2018
Once civiles, entre ellos dos menores, y cuatro policías caen abatidos en Masaya.
El reportaje es de Susana Gaviña, publicado por ABC, 16-07-2018.
Al menos diez personas -seis civiles, dos de ellos menores de edad, y cuatro policías- resultaron muertas ayer en la ciudad de Masaya, a unos 30 kilómetros al sur de Managua, en ataques realizados por paramilitares. El informe de los ataques lo realizó esta pasada madrugada la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que contabilizó una veintena de heridos en los incidentes. Al parecer, los ataques se produjeron a primera hora de la mañana, cuando los paramilitares pretendieron derribar las barricadas con una excavadora mientras que jóvenes opositores las defendían.
Además, ayer se incrementaba también el número de víctimas durante los enfrentamientos en varias protestas en el resto del país, mientras concluía la tercera jornada de paro convocado por Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La ANPDH reportaba otros cinco muertos como consecuencia de ataques de paramilitares en las localidades de Diriá, Diriomo, Niquinohomo y Catarina.
Y en lo que parece ser un ataque planificado por los paramilitares, el vehículo en el que viajaba el obispo Abelardo Mata fue tiroteado por un grupo armado apostado en la carretera que une la capital, Managua, con Masaya. El obispo y su conductor resultaron milagrosamente ilesos, mientras que todos los cristales del coche y dos de sus ruedas fueron destrozados por no menos de una docena de impactos de bala. Mata participa en el diálogo entre el Gobierno y la oposición
En la capital de Nicaragua, los dos centenares de jóvenes que habían tenido que refugiarse el sábado en la parroquia de Jesús de la Divina Misericordia de los ataques de los paramilitares afines al Gobierno de Daniel Ortega, ya se encontraban ayer a salvo en la Catedral de Managua, donde habían sido evacuados gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). El balance del sábado fue de dos jóvenes muertos por disparos -uno en el interior de la iglesia y otro en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde llevaban semanas encerrados como protesta- y una docena de heridos.
Con los quince de ayer, son ya al menos 368 los muertos desde que comenzaron las protestas reclamando la dimisión de Ortega.
La CEN, que preside el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de la Archidiócesis de Managua, emitió ayer un comunicado en el que además de asegurar que continuarán con su papel de mediación en la crisis abierta hace casi tres meses entre el gobierno y la oposición, certifican el recrudecimiento, en los últimos días, de «la represión y la violencia por parte de los paramilitares progubernamentales hacia las personas que protestan cívicamente».
Testigo de los heridos y muertos que está dejando la represión, denuncia el comportamiento de la Policía Nacional, los grupos paramilitares progubernamentales así como las turbas «azuzadas» para «sembrar el terror». También se refiere a «los secuestros y detenciones arbitrarias» de que está siendo objeto la población civil. «Hoy, como nunca, los Derechos Humanos están siendo violentados en Nicaragua».
La Conferencia Episcopal asegura, asimismo, que como mediadores han sido testigos «de la falta de voluntad política del gobierno para dialogar sinceramente» y buscar procesos que encaminen «hacia una verdadera democracia».
Por último, el texto de la CEN urge a participar en un día de ayuno, el próximo 20 de julio, como «desagravio por las profanaciones realizadas estos últimos meses contra Dios». Una jornada en el que se pedirá «especialmente a policías ymilitares» que no sigan apoyando las acciones del gobierno.
La comunidad internacional también ha repudiado la creciente represión. «Los actos de violencia contra estudiantes y civiles en Nicaragua, así como el retraso en la asistencia médica urgente para los heridos son deplorables», afirmó en un comunicado la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. «Toda violencia debe parar ahora. Reiteramos nuestro llamamiento a una solución pacífica», añadió la portavoz. El Gobierno español, por su parte, condenó los hechos y reiteró la «necesidad de que se respeten los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión, así como que se investiguen y juzguen todas las muertes acaecidas en esta crisis desde el 18 de abril».
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