Por: Lara Ely | Tradução: Mariana Szájbély | 12 Dezembro 2017
La sociedad civil ocupa los espacios dejados por el gobierno. Una plataforma digital recién lanzada en México tiene el propósito de mapear los más de 30 mil desaparecidos en el país. En el sitio Data Cívica, familiares pueden agregar datos e informaciones para ayudar en las búsquedas. La lista de más de 100 mil personas muertas por la guerra del gobierno al tráfico de drogas, se suman diariamente nuevos desaparecidos.
Actualmente, la fuente para tener acceso a los datos es el del Registro Nacional de las Personas Extraviadas y Desaparecidas – RNPED, que además del nombre y apellido, compila informaciones sobre tamaño, raza, edad y lugar de la desaparición. En este registro, contenido en un archivo de Excel online, los casos son mapeados de forma sucinta, como estadísticas.
La propuesta de Data Cívica es ir más allá: quiere dar cara a estas personas, y contar sus historias, con videos, fotos y textos enviados por colaboradores. El primer resultado fue hecho a partir del trabajo de 10 personas, trabajando durante cuatro meses. Una de las primeras historias es la de Cruz Alejandra Peña Beltrán, que desapareció el 6 de julio de 2013. Quien lo cuenta es su madre, Berthylla Beltrán Cabanillas. Fue encontrada muerta el 26 de noviembre de 2016, pero aún sigue registrada como desaparecida en el cadastro oficial del RNPED.
El proyecto sigue tres pilares básicos: la capacitación de personas, generación de contenido y desarrollo de herramientas. Según informaciones de la propia entidad, el análisis de datos es el punto de partida para generar informaciones confiables y de calidad que permiten entender más claramente los problemas que afligen a la sociedad mexicana. Explotando este tipo de herramientas, Data Cívica quiere generar impacto en las políticas y acciones públicas buscando dar visibilidad a los casos de violencia y de violaciones de derechos humanos.
Entre hombres, mujeres, y niños suspendidos en un limbo, ni muertos, ni vivos, victimas silenciosas de la guerra contra las drogas, el gobierno mexicano reconoce oficialmente la desaparición de más de 30 mil personas. El hecho es que nadie sabe cuántas personas están desaparecidas en el país. Debido a la falta de control de las estadísticas de la violencia, se estima que el número sea mucho mayor. Durante más de diez años, los carteles mexicanos han asesinado a sus rivales con total impunidad, tirando sus cuerpos en zanjas clandestinas. Muchas veces soldados y policías adoptan esta misma estrategia, dejando a las familias demasiado atemorizadas para pedir ayuda al gobierno, que sienten cómplice. La situación es práctica y cruel: sin cuerpo, no hay caso. Ejemplo de esto es el caso de Salvador Gómez Ledezma, desaparecido hace siete años. Sin embargo, al promulgar recientemente la nueva Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que este nuevo cuadro legal termina con décadas en que no se quería reconocer un problema que atacaba a la sociedad. Según él, la legislación establece una base para sistematizar la búsqueda de los desaparecidos y luchar para hacer justicia a las víctimas.
Con nueva ley, Peña Nieto reacciona
Publicada en noviembre, la nueva legislación es una respuesta del gobierno a la reivindicación de grupos de defensa de los derechos humanos, que hace muchos años están organizados en la búsqueda de respuestas. Es el caso de la ONG Front Line Defenders, entidad mexicana creada en 2001 para proteger y dar soporte a los defensores de los derechos humanos. Junto con los periodistas, estas personas están al tope de la lista de desaparecidos.
Objeto de intimidación, asedio jurídico, detención arbitraria, amenazadas de muerte, actos de agresión física, desapariciones forzadas y asesinatos, tienen sus actividades profesionales y el ejercicio de la libertad de expresión cercados por el fantasma de la violencia que asola el país. El caso más reciente del que se tiene noticia fue el asesinato de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, promotora del Estado de Veracruz, cuyo mandato incluía el combate a la violencia contra las mujeres y crímenes sexuales y familiares. Fue asesinada el día 27 de noviembre en su auto, en la ciudad de Panuco, según el Gobierno del Estado.
La delegación mexicana de la Unión Europea, en un comunicado conjunto con embajadores suizos y noruegos, resaltó que “este asesinato demuestra una vez más el nivel preocupante de violencia que destruye México, inclusive la violencia contra defensores de los derechos humanos”. La muerte de la promotora también fue denunciada por el Gobierno de Veracruz, por la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU y por el embajador de los Estados Unidos en México.
El año pasado, el país fue considerado el más violento para el ejercicio del periodismo, de acuerdo con informaciones de la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras. Según el barómetro elaborado por la institución, 12 periodistas fueron asesinados en el país latinoamericano entre enero y octubre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había informado que el 90% de los crímenes contra periodistas quedan impunes, incluyendo un 82% de asesinatos y el 100% de las desapariciones. Desde el año 2000 hasta julio de 2016, la Procuraduría General de la Republica documentó 124 asesinatos de periodistas.
