05 Setembro 2018
La expulsión de la misión de la ONU es una “acción desesperada” de Ortega, una razón más de la condena internacional al régimen nicaragüense.
El reportaje es de Wilfredo Miranda, publicado por Confidencial y reproduzido por CPAL Social, 03-09-2018.
La expulsión de Nicaragua de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) aislará internacionalmente más al régimen de Daniel Ortega, pero también envía un mensaje negativo para los nicaragüenses.
“Es una acción desesperada e insólita y una forma de intimidación la expulsión de la misión… lanza un mensaje gravísimo a la población, ya que a lo interno del país no se cuenta con un organismo de protección, porque el Poder Judicial es un organismo político. Habrá más represión”, asegura Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
A través de Cancillería, el Gobierno de Ortega envió una carta a la misión de la ONU, notificándole que cesaban su invitación para realizar sus labores en el país. “Técnicamente no ha sido una expulsión, sino que decidieron que nuestra misión había acabado”, estima Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la misión en Nicaragua luego de conocerse la postura del régimen.
“Este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita” a partir del 30 de agosto de 2018, señaló el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta dirigida a la representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Marlene Alejos.
(Foto: Confidencial)
La misión de la Acnudh llegó al país en junio pasado después que los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandaran su presencia en el Diálogo Nacional. Como resultado de su labor, emitieron un contundente informe que concluyó que lo que sucede en Nicaragua desde el 18 de abril no es un “golpe de Estado” como alega la administración sandinista, sino “una masacre”. El informe denunció “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”.
“Repudiamos enérgicamente la salida forzada de la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con acciones como esta el Gobierno de Nicaragua evidencia su falta de voluntad a una salida pacífica al conflicto y su aislamiento”, expresó la Alianza Cívica en un comunicado.
El canciller Denis Moncada afirmó que mantendrán una “relación normal” con la Acnudh y seguirán “las vías normales que hemos tenido siempre mediante la representación permanente de nuestro país en Ginebra”. El mismo día que el informe fue publicado el comandante Daniel Ortega despotricó contra la ONU en un acto partidario.
“Estos Organismos de Naciones Unidas, en este caso este Organismo que tiene que ver con Derechos Humanos, no es más que un instrumento de la Política de la Muerte, de la Política del Terror, de la Política de la Mentira, de la Política de la Infamia. ¡Son infames, infames!”, dijo un Ortega iracundo.
Dos días después de publicado el informe, la misión fue expulsada. El principal argumento del Gobierno fue que el trabajo de la misión terminó cuando fueron levantados los tranques en el país. “La misión fue invitada con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad, creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques”, dice la carta de Cancillería.
Sin embargo, el coordinador de la misión de la ONU asegura que ellos y el Gobierno “tienen visiones diferentes” sobre el trabajo que realizan.
“La Acnudh proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado”, afirmó Fernández Maldonado. Además, instó al Gobierno a seguir las recomendaciones del informe, que fundamentalmente consisten en suspender toda violencia contra los derechos humanos, buscar la verdad, y la rendición de cuentas.
La decisión de expulsar a la misión generó repudio en organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
“El Gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión”, alertó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
De acuerdo a Amnistía Internacional, Ortega se aísla internacionalmente para evitar el escrutinio sobre la masacre, que deja más de 322 muertos, miles de heridos, y una persecución contra los lideres ciudadanos.
“Esta postura agrava todavía más la crisis, que ha dejado hasta ahora no menos de 322 personas muertas, miles de heridos, decenas de personas detenidas arbitrariamente y miles que han abandonado su país en busca de protección”, expresó Amnistía Internacional en un comunicado.
Mientras que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que Ortega expulsó a la ONU para “ocultar los brutales abusos” de su régimen. Vivanco instó al Consejo de Seguridad a presionar al Gobierno de Ortega para “poner fin a la represión, desmantelar las pandillas pro-gobierno, y asegurarse de que los responsables de abusos rindan cuentas ante la justicia”.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el cinco de septiembre para tratar la crisis nicaragüense. Usarán como base el informe preparado por la misión.
“La gravedad y la escala de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua requieren una respuesta categórica del Consejo de Seguridad”, señaló Vivanco. “El Consejo de Seguridad debe exigir que cese la represión y considerar la posibilidad de imponer sanciones a los altos mandos que tengan responsabilidad por los abusos, a menos que se ponga freno a las violaciones de derechos humanos y garantice que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una supervisión estricta”.
Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, explicó que el Consejo de Seguridad puede imponer sanciones a Nicaragua. Según él, el hecho de que sesionen el cinco de septiembre fue “un golpe para la pareja presidencial”. “Por eso reaccionaron de esa forma. Están dolidos”, apreció Carrión.
La expulsión de la misión también causó reacciones a nivel político en otros gobiernos. “Este informe destaca lo que venimos diciendo desde hace meses: Ortega está aterrorizando a su propio pueblo. El Gobierno nicaragüense debe poner fin a su campaña de violencia e intimidación”, dijo la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, previo a la expulsión de la misión.
Por su parte la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, aseguró que “condenan categóricamente la expulsión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Nicaragua”.
“Costa Rica reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos. Asimismo, manifiesta que bajo ninguna circunstancia entregará listas de personas que han solicitado refugio, en el territorio nacional”, agregó la vicepresidenta, en referencia al comentario del comandante Ortega.
Medio centenar de ONG de América dijeron que en Nicaragua se han roto “los más esenciales valores democráticos” y que la crisis del país, con la muerte de centenares de personas en protestas contra el Gobierno, debe ser abordada por el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo miércoles. A juicio de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, “la actitud del Gobierno de Ortega frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el Gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis”.
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