08 Março 2017
Durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri se pueden identificar algunos cambios respecto a la política en torno a la extranjerización de tierras. Estos cambios no representan un volantazo respecto de los que se venía haciendo, sino más bien se trata de la eliminación de las contradicciones presentes durante la gestión anterior en esta materia.
El reportaje es de Agostina Costantino, publicado por Marcha, 06-03-2017.
El gobierno anterior tuvo, al igual que en muchos otros temas, un comportamiento contradictorio respecto de la presencia del capital extranjero en el agro. Por un lado, alentaba su presencia otorgando permisos de desmonte, apoyándolo ante conflictos con comunidades, otorgándole beneficios, entre otros. Por otro lado, fue durante el gobierno kirchnerista cuando se sancionó la Ley de Tierras (2011), que regulaba la posesión de tierras en manos de extranjeros y que fue sancionada gracias a la lucha y presión de muchas agrupaciones de chacareros, campesinos y ambientalistas. Entre otras cosas, esta ley estipulaba que la proporción de tierras en manos de inversores extranjeros (tanto a nivel nacional, provincial y municipal) no debía superar el 15% del total del territorio.
La eliminación de estas contradicciones fue el principal cambio que comenzó a aplicar el gobierno de Mauricio Macri desde su asunción en diciembre de 2015. Así, el camino se va allanando con un claro sesgo en favor del capital extranjero y eliminando todo tipo de traba para que éste ingrese al territorio y desplace a las comunidades que hasta ahora lo ocupaban.
Luego de esta aclaración, veamos cuáles son estos cambios. En primer lugar, a mediados del año pasado el presidente Macri eliminó mediante el Decreto N.º 820/2016 algunos artículos de la Ley de Tierras. Los puntos más importantes luego de este decreto son:
1) Ahora es “extranjera” aquella persona jurídica con, al menos, el 51% de participación de extranjeros en su capital, mientras que antes era del 25%. Es decir que, ahora, habrá “menos” extranjeros que antes.
2) No queda claro cuál es el límite máximo de hectáreas que pueden adquirir los extranjeros. Antes eran 1000 has. en la zona núcleo. El nuevo decreto dice textualmente: “Con respecto al cómputo del límite previsto en el artículo 10, primer párrafo, de la Ley Nº 26.737 (el de las 1000 has), cada límite para cada tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia funciona como tope máximo para dicho tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia y, a su vez, como tope máximo a nivel provincial y nacional.” La redacción es bastante confusa, y no termina de quedar claro cuál será el límite.
3) Se eliminan las sanciones en caso de incumplimiento de la ley. Antes se establecían como sanciones: apercibimientos, multas, etc. Ese texto fue eliminado en el nuevo decreto.
4) Quedan fuera de los límites fijados por la ley las tierras que se encuentren catalogadas como “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”; y las transmisiones de tierras rurales por herencia a herederos forzosos extranjeros. Antes, estas tierras estaban bajo la misma regulación de la ley de tierras, es decir debían cumplir los límites a la propiedad extranjera que la misma establecía.
5) No sólo la ley no afecta derechos adquiridos (esto ya era así), sino que este decreto agrega que, si un propietario extranjero que adquirió su tierra antes de la puesta en vigencia de la ley la vende, ahora o en el futuro, podrá “luego adquirir el equivalente a dichas tierras rurales”.
La segunda modificación importante en este tema es la anulación de un convenio del año 2013 entre el Ministerio de Defensa y el INTA para que el Estado produzca él mismo sobre tierras públicas propiedad del Ejército. Como consecuencia de esto, desde 2016 se arrendaron más de 15.000 hectáreas a CRESUD y a MSU, dos grandes empresas que cotizan en bolsa, con un alto porcentaje de accionistas extranjeros. Ahora mismo, está en proceso otra licitación para arrendar otras 15.000 hectáreas. Frente a esta situación, la Federación Agraria Argentina ha manifestado públicamente y ante el gobierno su descontento, argumentando que esas tierras podrían haber sido adjudicadas a cooperativas de chacareros. De las más de 15.000 hectáreas licitadas el año pasado, sólo 200 fueron adjudicadas a este tipo de cooperativas.
Por último, el tercer punto importante que se puede encontrar en este primer año de Macri respecto a este tema es una mayor represión y una violencia aún más explícita por parte del Estado para proteger a los capitales trasnacionales de las demandas de las comunidades locales por las tierras o por el impedimento de acceso a los bienes comunes (caminos, ríos, lagos, etc.). Un ejemplo de esto es el caso de Cushamen, el municipio de la provincia de Chubut donde la propiedad de tierras en manos de extranjeros supero los límites establecidos por la ley, donde desde hace años la comunidad mapuche demanda por tierras que les corresponden y que fueron apropiadas por Benetton. En enero de 2017, dicha comunidad sufrió una grave represión luego de la intervención de la Gendarmería Nacional en el conflicto (por orden del gobierno nacional, claro).
Otro ejemplo es el caso de Joseph Lewis, amigo personal de Mauricio Macri y propietario de miles de hectáreas en la Patagonia, que impide el acceso público al Lago Escondido. También fueron públicamente conocidas las manifestaciones de apoyo del Presidente a su amigo por este problema.
En definitiva, como mencionamos al principio, no se trata tanto de cambios como de una profundización de un esquema que durante el gobierno anterior presentaba no pocas contradicciones y que el actual gobierno ha decidido inclinar claramente en favor del capital extranjero.
