Por: Lara Ely | Tradução: Mariana Szájbély | 10 Outubro 2017
Mujeres pobres, del medio rural y nativas de lengua quechua fueron el principal objetivo de la política de esterilización realizada durante el gobierno de Alberto Fujimori, en Perú, entre los años 1999-2000. La acción fue parte de un programa de salud reproductiva y “planeamiento familiar” durante el gobierno del dictador, y fue dirigido a mujeres de alrededor de 25 años, sin la debida información en relación a los impactos en la fertilidad.
El ex presidente está preso hace 12 años por actos como este y otros que atentaron contra los derechos humanos. Se habló de él esta semana cuando un grupo de colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales peruanas presentaron en la Fiscalía del país un pedido para acusarlo nuevamente en relación al hecho, y reabrir el caso archivado definitivamente por la Procuraduría en 2014.
El informe entregado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Demus al promotor Luis Landa registra que 211 mil mujeres recibieron informaciones incompletas sobre el proceso y las consecuencias de la ligadura de trompas. Además según el informe, más de 25 mil pasaron por el procedimiento sin saber que era irreversible.
Las estimaciones están basadas en el estudio Política de esterilizaciones con informaciones incompletas: Perú 1995-2000, del economista Silvio Rendon, de la Universidad de Nueva York, y las investigaciones de Camila Gianella, del Instituto CHR Michelsen de Noruega. La ONG Demus, organización feminista peruana que defiende los derechos humanos en particular los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, afirma que el informe contiene pruebas hasta entonces no consideradas por los fiscales para mostrar el carácter irregular y forzado de las esterilizaciones. Ejemplo de esto es el considerable número de procedimientos hechos en mujeres menores de 25 años analfabetas e indígenas.
De acuerdo con los datos del informe, el 11% de las mujeres esterilizadas entre 1995 y 2000 tenía menos de 25 años, edad en la cual la ligadura de trompas no es recomendada como método anticonceptivo. Entre las indígenas, el porcentaje es del 15,6%. Un equipo de la entidad compiló y revisó la documentación presentada al Ministerio Publico por más de 14 años, y que, hasta ahora, no fue tenida en cuenta.
“Con toda esta evidencia, exigimos que el Procurador Superior Luis Landa haga la denuncia de esterilizaciones forzadas como crimen contra la humanidad. Ya esperamos hacer justicia 20 años. Lamento que los promotores hayan mantenido tanta documentación archivada. ¿Por qué Ud. no va al tribunal inmediatamente?”, afirmaron las víctimas Victoria Vigo, Dionisia Calderón, Nilda Guerrero, Rute Zuñiga e Inés Condori.
La directora del Demus, Maria Ysabel Cedano, criticó a Landa. Según ella, ya pasaron nueve meses desde que las denuncias fueron hechas y no hubo un pronunciamiento del fiscal. “Existen evidencias suficientes para que el Ministerio Publico lo denuncie, y el Poder Judicial examine y juzgue”, dijo.
La ONG responsabilizó a Fujimori por enviar al Congreso la Ley nacional de Población de 1996, que descriminalizaba las ligaduras de trompas y las vasectomías como método contraceptivo, lo que permitió que solo en el año siguiente fueran realizadas en el país 100 mil esterilizaciones.
Condenado a 25 años de prisión por crímenes de corrupción y violación de los derechos humanos, Fujimori cumple pena desde 2005 en una prisión de Lima, la misma donde está preso de forma preventiva el ex-presidente Ollanta Humala por involucramiento en el caso Odebrecht. A pesar de los problemas de salud que, más de una vez, lo llevaron a pasar un periodo fuera de la cárcel, la justicia, mantiene la sentencia al ex presidente que, en julio de 2017, cumplió 79 años.
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