29 Setembro 2017
La defensa de la tierra tiene un alto costo para sus líderes en América Latina. En 2016, de los 200 ambientalistas muertos en el mundo, 122 de ellos estaban en países del continente latinoamericano. Apenas en Brasil fueron 49, equivalente a 25% del total. Esa fue la constatación del informe Defensores de la Tierra, divulgado por la Global Witness.
La Organización de las Naciones Unidas – ONU alerta para el hecho de que, antes de morir, esos líderes son víctimas de amenazas, torturas, desaparición, agresiones y otras formas de violencia. Entre las principales causas de muertes están conflictos asociados a las áreas de las minerías y crudo (33), exploraciones forestales (23), agro negocio (23), caza (18) y agua (7). Con el aumento de los crímenes de líderes comunitarios en América Latina y la permanente impunidad, la región enfrenta el desafío de exigir a los estados garantías de que la lucha por las reivindicaciones sociales no se convierta en sentencia de muerte.
Nicaragua fue el peor lugar per cápita el año pasado y Honduras mantiene su status como el lugar más peligroso per cápita en la última década. Otro país que empuja la fila en el ranking es Colombia. De unos años hasta hoy, subió en 30% la tasa de asesinato a esas poblaciones, hecho que está directamente asociado a la acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Farc, ahora convertidas en Partido Político, con la misma sigla.
La principal causa de violencia contra líderes sociales en Colombia pasa por la pretensión de grupos armados ilegales de ocupar los territorios dejados por las Farc, para controlar los negocios ilícitos que fueron formadores de los conflictos en Colombia. Tomando en cuenta el acuerdo de paz firmado recientemente entre el gobierno y la guerrilla, esas áreas ahora son observadas por compañías extractivistas y grupos paramilitares. En cuanto eso, las comunidades más radicales que intentan recuperar las tierras que les fueron tomadas durante medio siglo de conflicto son atacadas, según el informe de Global Witness.
En diciembre de 2016, Jakeline Romero, una indígena Wayuu y activista de los derechos humanos, recibió este mensaje de texto: “No se concentre en lo que no le interesa, si usted quiere evitar problemas. Sus hijas son muy adorables, entonces pare de meterse en los asuntos de los otros […] evite problemas porque hasta su madre podría desaparecer si usted continua hablando.”
Jakeline enfrentó amenazas e intimidación después de hablar contra los abusos cometidos por paramilitares y corporaciones poderosas en La Guajira, en Colombia Península del Nordeste.12 Como profesor que viaja a la región desde la edad de 18 años, ella quedó horrorizada con los daños causados por el financiamiento internacional Mina de carbón de Cerrejón 13 sobre el medio ambiente local. 14 Ella era corajosa lo suficiente para tomar una posición.
Así como Jakeline, casi 40% de los líderes asesinados eran indígenas, una vez que las tierras en que vivieron fueron apropiadas por empresas, estancieros o agentes estatales. Los proyectos generalmente son impuestos a las comunidades sin su libre consentimiento, previo y esclarecido, apoyado por la fuerza de la policía. El informe responsabiliza, inclusive, soldados como sospechosos en por lo menos 43 asesinatos.
El protesto es muchas veces la única opción que les queda a las comunidades de ejercer el derecho de tener algo para a decir sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, poniéndolos en colisión con aquellos que buscan lucro a cualquier costo.
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