Por: João Flores da Cunha | Traducción: Mariana Szájbély | 18 Outubro 2016
LIMA: En la última semana, el Congreso de Peru aprobó la creación de una comisión para investigar al ex presidente Ollanta Humala, que gobernó el país hasta julio de 2016. Hay sospechas de corrupción en dos obras de su gestión. Él también fue incluido en una investigación a su mujer, la ex primera dama Nadine Heredia, por lavado de activos. Humala se une a Luis Inacio Lula da Silva y a Cristina Fernández de Kirchner, otros ex presidentes latinoamericanos que también pasaron a ser investigados por la justicia después que dejaron el cargo.
La Comisión del Congreso peruano, aprobada el 14/10, investigará dos obras del gobierno de Humala - el Gasoducto Sur Peruano, con la participación mayoritaria de la contratista brasileña Odebrecht, y una línea de metro de Lima -, además de contratos de exportación de gas. La investigación que involucra a Nadine Heredia es sobre el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales en 2006 y 2011, cuando Humala se postuló a presidente. Ella tiene prohibido salir del país.
El levantamiento del secreto bancario del ex presidente ya fue solicitada por la Fiscalía peruana. Electo en 2011 como candidato de izquierda, Humala se alejó de esa posición e implementó políticas económicas conservadoras en su gobierno.
En la Argentina, Cristina Kirchner, que gobernó el país entre 2007 y 2015, ya fue convocada por la justicia a declarar en dos ocasiones desde que dejó el cargo, en diciembre del año pasado. El aumento de su patrimonio a lo largo de su presidencia levantó sospechas a la Justicia. Políticos y empresarios identificados con el kirchnerismo ya fueron detenidos por hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina.
En Brasil, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2010) viene siendo investigado en el ámbito de la operación Lava Jato, una investigación de la Policía Federal sobre hechos de lavado de dinero y de corrupción que involucran los mayores partidos del país. Está acusado en tres causas de la Justicia Federal.
El día 04/03, ocurrió la conducción coercitiva de Lula, que fue llevado a declarar por la Policía Federal. El día 16/03, el juez Sergio Moro, responsable de la operación, divulgó audios obtenidos a través de escuchas telefónicas a Lula - inclusive una conversación con la entonces presidenta Dilma Rousseff. Los episodios contribuyeron al impeachment de Dilma.
El dia 14/09, Lula fue acusado por el Procurador del Ministerio Público Federal Deltan Dallagnol de ser el “comandante máximo” de los hechos de corrupción de la Petrobras. La presentación termino siendo marcada por una imagen en que diversas flechas con inscripciones como “mensalão” y “José Dirceu” apuntaban hacia la palabra “Lula”.
La semana pasada, se propagó un rumor que decía que el ex-presidente sería detenido el pasado lunes 17/10. Un grupo de personas se reunió frente al predio donde Lula vive, en San Bernardo del Campo, para hacer una vigilia. Las acciones de la Policía Federal se desarrollan al inicio de la mañana.
La judicialización de la política
“No temo afirmar que el escenario actual de Brasil, en el contexto del impeachment y de la operación Lava Jato, tiene una profunda relación con el estado de judicialización de la política y de la vida de los ciudadanos, considerando que la judicialización de la política en Brasil alcanzó niveles alarmantes en los últimos años, ayudando a consolidar la idea de que la legitimidad de la democracia se obtiene más de los tribunales constitucionales qué de la política, o sea, de la democracia como poder del pueblo ejercido por los representantes electos”, afirmó en una entrevista reciente a IHU On-Line la abogada y doctora en Filosofía Maria Luiza Quaresma Tonelli.
Para ella, “La operación Lava Jato, que comenzó con las investigaciones para indagar un gran esquema de corrupción en la Petrobras, enseguida mostró su verdadera cara. Una operación realizada por el sistema de Justicia, pero con intención política”. En relación al ex presidente Lula, se trató de “denuncias del MP sin pruebas (vía PowerPoint)”, según la abogada.
Para Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul - PUCRS, también en entrevista a IHU On-Line, existe “una criminalización de la izquierda democrática que está mucho más clara en la exposición hecha por el procurador Dallagnol, cuando presenta la denuncia contra el presidente Lula. El reafirma algunos elementos, que ya fueron expresados en algunos momentos por determinados grupos y personas ligadas al mundo jurídico, que el PT y todo aquello que representó en estos 13 años era, en realidad, una organización criminal, qué actuaba sustrayendo recursos estatales para su reproducción política”.
