31 Agosto 2017
Comisionado de la CICIG es declarado ‘non grato’ y el presidente Morales pide su expulsión.
El reprotaje es de Giorgio Trucchi, publicado por Rel-UITA, 29-08-2017.
La orden del presidente Jimmy Morales fue suspendida temporalmente [1] por la Corte de Constitucionalidad. El pueblo guatemalteco se moviliza a nivel nacional mientras llueven fuertes críticas tanto de instituciones y organizaciones nacionales, como de la comunidad internacional.
La decisión del presidente guatemalteco de declarar “non grato” al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y de exigir su salida inmediata del país, está poniendo a Guatemala al borde de una nueva grave crisis político-institucional.
Según el mandatario, el titular de este importante órgano de Naciones Unidas, creado hace una década para combatir la corrupción y luchar contra la impunidad, sería culpable de haberse extralimitado en sus funciones.
Morales negó estar actuando por motivos personales, aunque unos días antes de ordenar la expulsión de Velásquez, el Ministerio Público y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio por un supuesto financiamiento electoral ilícito durante las elecciones del 2015.
También pidieron el desafuero del mandatario para poder continuar las investigaciones.
El órgano internacional anticorrupción está también investigando al hijo y al hermano del presidente guatemalteco, José Manuel y Samuel Morales, ambos acusados de delitos de fraude contra el Estado y lavado de dinero, en el marco del caso conocido como ‘Botín Registro de la Propiedad’.
Luego de la orden de expulsión, el mandatario removió al canciller Carlos Raúl Morales por no acatar dicha disposición.
Horas después, la ministra de Salud Lucrecia Hernández y otros funcionarios de gobierno presentaron su renuncia por estar en desacuerdo con la decisión tomada por el presidente.
Mientras miles de personas llenaban el parque central de la capital exigiendo la permanencia del jefe de la Cicig, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaban un amparo a favor de Velásquez.
De esta manera suspendían temporalmente la medida tomada por el presidente Morales.
Organizaciones nacionales y la comunidad internacional rechazaron una medida que pone en serio peligro el ya difícil trabajo de combate a las estructuras que manejan los hilos de la corrupción y el crimen organizado en Guatemala.
Asimismo, expresaron su solidaridad con el comisionado Velásquez.
Guatemala se moviliza
“Es algo que se venía planificando y que tiene como objetivo salvaguardar los intereses de aquellos sectores que siempre se han beneficiado de la corrupción y la impunidad, y que ahora se sienten afectados por el trabajo de la Cicig”, dijo a La Rel, Carlos Luch, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central SA (Stecsa).
“A estas personas no les interesa el futuro de la nación, ni la pobreza de la inmensa mayoría de la población, ni si esta medida nos acarreará problemas en cuanto a la suspensión de programas y líneas de créditos internacionales. Solamente piensan en sus intereses”, aseveró Luch.
El dirigente sindical advirtió que, de no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el presidente Morales podría llevar al país hacia el borde de una nueva y grave crisis institucional, cuyos efectos son impredecibles.
“Esta decisión ha generado una fuerte conmoción, tanto a nivel nacional como internacional. La inmensa mayoría del pueblo guatemalteco está rechazando la expulsión de Velásquez y se está movilizando”, explicó Carlos Luch.
El secretario general del Stecsa manifestó preocupación ante un posible debilitamiento de la Cicig.
“Guatemala tiene un largo historial de corrupción e impunidad. El trabajo de la Cicig y el Ministerio Público ha permitido avanzar en la lucha contra este flagelo. Debilitar este proceso sería gravísimo y muy peligroso”, dijo.
“Lo que pase en las próximas horas depende de lo que decida el presidente Morales. La comunidad internacional está condenando su decisión y se está solidarizando con el comisionado de la Cicig. Lo mismo están haciendo muchas organizaciones nacionales.
Como Stecsa y Festras nos vamos a reunir de emergencia para elaborar un plan estratégico, y decidir cómo nos involucramos en la protesta contra esta decisión ilegitima del presidente”, aseveró Luch.
Ante esta difícil situación, la Rel-UITA envió una nota al Comisionado Iván Velásquez, expresándole su más firme solidaridad.
[1] Este 29 de agosto, los magistrados de la Corte dieron a conocer otra resolución donde dejan en suspenso definitiva la expulsión ordenada por el presidente Morales.
