28 Abril 2016
Desplegados al sur de Chile en las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, las fuerzas especiales de Carabineros (según su propio informe entregado a petición de un organismo de DDHH) señala que mantiene a más de 1.389 oficiales en la zona, dos bases policiales militares (Pidima y Pailahueque), 50 vehículos blindados y 93 semiblindados, fusiles de asalto M4, subametralladoras UZI, fusiles MP5, drones, helicópteros, tanquetas y aviones no tripulados; entre otros arsenales de guerra. Es decir, un ejército completo situado en territorio Mapuche, reforzando con esto aquello que se viene denunciando desde hace un tiempo por organizaciones Mapuche y de Derechos Humanos… “La militarización del territorio por parte del Estado Chileno”. Destinando con ello esfuerzos, recursos humanos y financieros para reprimir, vigilar, allanar y castigar a las comunidades mapuche que mantienen una lucha ancestral por la recuperación de sus tierras y la autodeterminación como nación.
El reportaje es publicado por Resumen Latinoamericano, 27-04-2016.
Esta lógica de guerra impuesta por el Estado Chileno en el territorio donde viven y se desarrollan las comunidades Mapuche, a derivado en una serie de graves acontecimientos que han tenido lugar en la región, denuncias de violencia policial, apremios ilegítimos, violencia desmedida, montajes judiciales, allanamientos, encarcelamientos y asesinatos de varios comuneros en manos de Carabineros.
Sometiendo a estas comunidades al asedio constante de los aparatos represivos y de inteligencia del estado Chileno, todo ello ante la indiferencia de las autoridades políticas, legislativas y judiciales.
Se ha transferido la resolución de las demandas Mapuche al ámbito judicial y policial, criminalizando sus iniciativas y luchas y negando el reconocimiento de su autonomía política como pueblo. El resultado de todo ello, se expresa en la militarización de la región Mapuche, la aplicación de leyes especiales, especialmente la Ley antiterrorista heredada de la dictadura militar y la censura de los medios de comunicación sobre el conflicto que se vive en la región. La represión desatada contra las comunidades del territorio Mapuche ha sido promovida y aceptada por los diversos estamentos y autoridades del Estado chileno, así como por las organizaciones empresariales que están presentes en el territorio (Forestales y transportistas). Una gran parte de los medios de comunicación ha mantenido un silencio cómplice o tergiversando la realidad de los hechos
Desde esta perspectiva, el estado Chileno a través del Ministerio del Interior y encabezado por el responsable de la represión a los movimientos sociales en Chile, el Sr. Jorge Burgos; y de la mano de los medios de comunicación oficialistas pretenden construir a la opinión pública una imagen de un conflicto de tipo “policial y criminal” con el objetivo de criminalizar y justificar la acción militar de copamiento en el territorio. Desvirtuando con ello una salida político social a las demandas ancestrales del Pueblo Mapuche.
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