Colombia. Asesinatos de líderes sociales

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03 Abril 2019

Compartimos la cuarta y última entrega del reportaje especial de CONNECTAS y el diario El País, en esta ocasión con entrevistas al Fiscal General Néstor Humberto Martínez, el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret y Carlos Guevara investigador de Somos Defensores.

La entrevista es publicada por Connectas y reproducida por CPAL Social, 29-03-2019.

Vea las entrevistas aquí.

Néstor Humberto Martínez - Fiscal General de la Nación

"Los líderes sociales asesinados eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado"

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dice que los integrantes de Juntas de Acción Comunal de Colombia son las principales víctimas en los homicidios contra líderes sociales. Reconoce que ellos eran la única representación que tenía el Estado en los territorios y que fueron abandonados. Narcotráfico, según él, es el principal responsable de estos crímenes.

Explica que las muertes no están relacionadas con la política: “desde el punto de vista empírico no se encuentra asociación entre afectación a líderes sociales y proceso político.

La Fiscalía General de la Nación presentó en julio pasado un informe sobre esclarecimiento de asesinatos de líderes sociales. Ustedes son la principal fuente que nosotros tomamos para la investigación y revisamos año a año desde 2012 lo que ha ocurrido con estas personas. ¿Qué patrones han encontrado en víctimas y victimarios?

En el 50 % de los casos que ya hemos esclarecido, al perfilar las víctimas, encontramos que más del 50 % de ellas corresponden a líderes de Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias. Le siguen líderes indígenas en un 12 %, campesinos en un 12 %. Entonces, es evidente que en el centro de este conflicto que se está dando en los territorios, los líderes comunales están llevando la peor parte junto con la sociedad civil, porque estos homicidios están ocurriendo en los territorios del posconflicto.

Estamos hablando de Nariño, de Cauca, de Antioquia, de Norte de Santander donde más caracterizadamente se está dando este fenómeno de violencia. Y en estos lugares las tasas de crecimiento del homicidio de la sociedad civil está llegando a unos niveles muy importantes: se está viendo afectada la sociedad civil en su conjunto, en medio de un conflicto que se está generando en los territorios y dentro de esa sociedad civil, se afecta a líderes sociales.

¿Por qué líderes comunales son el principal blanco entre los homicidas?

Particularmente en en el corredor de Cáceres, El Bagre, Ituango, en el nordeste antioqueño para la salida de la droga hacia el Urabá antioqueño se está librando una batalla campal en donde la tasa de homicidios está creciendo al 160 % en un año corrido, que promueven el Clan del Golfo, la disidencia del Clan del Golfo, que son los Caparrapos; el ELN y las disidencias de Farc. Y en medio de ese conflicto caen ciudadanos del común y líderes sociales, que por supuesto tienen una connotación particular porque en muchos de los casos, como lo hemos advertido en varias zonas del país, están promoviendo una cultura de la legalidad o bien, porque confrontan a estas organizaciones desde la perspectiva de hacer tránsito a la economía formal —ingresando al programa de sustitución de cultivos y eso es una amenaza para esas organizaciones si se les acaba la materia prima de su actuar criminal— o demandando que frente a la minería ilegal no acaben las fuentes de agua de sus poblaciones o, de alguna manera, en algunos sectores territoriales hay otro tipo de confrontaciones que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de tierras y el desplazamiento, como ocurre en el bajo Atrato donde hay otro tipo de conflictividad social. Pero es evidente que esos líderes sociales que están promoviendo esa cultura de la legalidad terminan siendo muros de contención frente a estas organizaciones criminales y frente a estos desafíos han entrado en esta dinámica criminal.

¿Qué dicen las cifras de la Fiscalía sobre los asesinos, quiénes son?

Nosotros hemos identificado que los mayores perpetradores son organizaciones criminales tipo C (grupos de delincuencia organizada), que son el 24 % de los responsables de esos crímenes. En un 10 % el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc en un 7,8 % y el ELN en un 7 %, más o menos.

¿Hay zonas específicas donde están los responsables de estos crímenes?

Esta es la información generalizada. Pero si usted va a Nariño encontrará la presencia mayoritaria de disidencia de las Farc y ELN, que han sido perpetradores de estos ilícitos. Si usted ve lo que ha pasado en el sur de Córdoba y el nordeste Antioqueño va a advertir que son el Clan del Golfo y necesariamente, sus disidencias (Los Caparrapos), en esa confrontación que se ha dado por coptar los narcocultivos.

Nosotros tomamos las cifras de la Fiscalía en el periodo 2012-2017 y organizamos distintas categorías. Cuando uno ve el comportamiento de asesinato de líderes sociales, surgen muchas inquietudes sobre quiénes son ellos, porque la categorización es muy amplia...

Esa información la podemos dar porque es pública: las principales víctimas son líderes de Juntas de Acción Comunal. De los 90 casos que tenemos esclarecidos, 27 eran líderes de juntas de acción comunal. Y no esclarecidos, 33. O sea, el 35 %, en total de víctimas de las 183 que fueron incluidas en el listado de Naciones Unidas.

¿Qué concepto toman como referencia para investigar el asesinato de líderes sociales?

Ese es otro problema que tenemos. Nosotros le hemos propuesto a las plataformas sociales, a las autoridades y al propio Gobierno que hagamos una única caracterización de los líderes sociales. Existía un consenso nacional entre plataformas y agencias del Estado, que trabajaríamos con base en la caracterización que hace Naciones Unidas, pero ahora consideran muchos sectores, empezando por la Defensoría del Pueblo, que hay que revisar esas caracterización para hacer el listado.

Nosotros tenemos el listado con nivel de escrutinio de responsabilidad que excede la lista de Naciones Unidas. Tenemos el de la Defensoría Nacional del Pueblo, el de Marcha Patriótica. Podríamos trabajar con todos los listados porque seguimos todas las formas de criminalidad, con resultados que desde el punto de la justicia son inéditos.

¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurrió durante la década de 1980 con la Unión Patriótica y lo que está ocurriendo ahora?

La diferencia entre este asedio a los líderes sociales con relación al que ocurrió en los años 80 y el exterminio de la Unión Patriótica es que mientras esos episodio oprobiosos de la historia del país quedaron en la impunidad o realmente no hubo presencia de la Justicia, en este caso lo que se ha visto es que la Justicia está actuando radicalmente. Es que nosotros tenemos en 90 homicidios estudiados, 215 personas vinculadas en las investigaciones y 162 personas capturadas. Esto no tiene antecedentes en Colombia.

De estos 183 casos, ya hay 90 con esclarecimiento. ¿Se puede decir que hay sistematicidad en los crímenes?

Si usted coge las sentencias, que ya hay 18, que son la palabra final del caso, usted puede encontrar por victimario, por modus operandi que no hay un patrón común.

¿Cómo explicar que sí hay un patrón frente a la víctima y no frente al victimario o el móvil?

Qué razones desde el punto de vista de las hipótesis investigativas se han encontrado: primero, que es evidente que son las organizaciones criminales. Se preguntan mucho: ¿y el Estado, cuál es la responsabilidad en estos crímenes?, que eran las preguntas que nos hacíamos en los 90. Pues según las investigaciones, en los 90 casos que tenemos, el Estado (Ejército y la Policía) es responsable de tres asesinatos.

Por qué los líderes sociales se han convertido en un punto de referencia de su acción criminal. Uno, por los narcocultivos. Aquellos líderes que están buscando alternatividad en su economía, saliéndose de esta actividad ilícita son objeto de confrontación, se convierten en un objetivo militar de estas organizaciones. El caso de Orito, recientemente. Este líder (Osvalto Taquez) había avanzado en los procesos de sustitución, la delincuencia le dijo que no podría sustituir más del 30 % de los cultivos ilícitos de su territorio y él dijo que por ningún motivo porque los programas tiene que ser integrales y lo avasallaron. Y como esos casos hay muchos en el país. Esa puede ser una de las causas. La segunda: el tema de microtráfico, la presencia de narcomenudeo en los territorios por parte de estas organizaciones, y eso explica que las bandas tipo C sean, en buena medida, grandes perpetradores. Estos líderes están velando por la integridad de sus comunidades.

En el caso de Palmar de Varela (Luis Barrios, candidato al Concejo del Centro Democrático). Este líder denunció ante las autoridades la presencia de bandas criminales en el negocio del microtráfico y bastó con que acudiera a la autoridad para que el orden se impusiera en las comunidades en defensa de sus niños, familias, su sociedad, para que inmediatamente lo ajusticiaran.

Usted habla de drogas y tierras en las razones de los asesinatos, pero en los recorridos que nosotros hemos hecho, hemos encontrado que muchos de ellos simplemente hacían el trabajo propio de un líder comunal, impulsaban obras...

En El Tarra, la masacre de julio, se dice que fue un grupo organizado que cometió la masacre, que está prácticamente identificado por la autoridad. Las víctimas, unos de ellos eran reinsertados y eran reconocidos como raspachines. Allí hay un conflicto justamente por cultivos, que está asociado al acuerdo de 2013, en la medida que los programas de sustitución que se habían definido, no se llevaron a cabo, se entregaron los subsidios y se impidió que la acción del Estado entrara a la erradicación; de tal manera que en esa zona, usted encuentra que mientras en 2013 había cuatro mil hectáreas de coca ahora estamos en once mil, la segunda zona más densa en cultivos de coca en el país.

¿Pero es difícil entender por qué los líderes de Juntas de Acción Comunal son el blanco?

Los años 80 y 90 donde hubo afectación a los defensores y líderes sociales, eran líderes de un perfil nacional caracterizado, allí había confrontaciones ideológicas. Aquí son territorios en donde la regulación de la convivencia estaba de la mano de las Farc. Y estos líderes comunitarios en la perspectiva y en la visión de la Fiscalía, cumplen una labor de autorregulación en la medida en que el Estado no entró a esos territorios rápidamente, se interesan por estos temas sociales, cumplen una labor de autorregulación y en la medida que van ganando una legitimidad frente a sus comunidades se convierten en un elemento de perturbación frente a los objetivos de esas organizaciones criminales. Ellos eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado.

Entonces, ¿el Estado fracasó en esos territorios?

El Estado no llegó a tiempo. La memoria es muy frágil en este país. Yo me posesioné en octubre de 2016 y en ese mes denuncié que Colombia iba por un camino errado en materia de narcocultivos y que el problema iba a llevarnos a una verdadera conflagración. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón. Y en octubre de 2016 llegué a Caucasia, donde nunca había llegado un fiscal en Colombia y advertí que ya para ese tiempo, en los territorios que históricamente ocupaban las Farc y que estaban dejando, estaban quedando los vacíos de las armas de los movimientos rebeldes y que empezaban a hacer presencia en ese momento estos grupos armados ilegales, y que estaban ofreciendo un millón quinientos mil pesos de salario para que las personas fueran a sus filas, inclusive, los que se habían desmovilizado. Por eso, en octubre de 2016, pedí presencia del Estado, pero no solo militar y policial sino con bienes públicos, con inversión social y programas de desarrollo alternativo.

Llegaron solamente los programas de desarrollo alternativo y hay una insuficiencia de presencia Estatal que es lo que ha dado lugar definitivamente a esta debacle.

¿El Gobierno está dejando solos a los representantes del Estado a nivel local, que son los líderes de las JAC?

No es que los haya dejado solos. Es que siempre estuvieron solos. Antes, sometidos a las Farc, hasta la firma del Acuerdo de Paz, y después de la firma, expuestos al accionar criminal de estas bandas que llegaron a los territorios, pero en esas regiones siempre han estado solos y el posconflicto lo que demandaba era una presencia determinante del Estado. Había que formar sociedad civil, darle capacidad institucional a la organización de base y eso tampoco lo hemos hecho de manera determinante. Iban a llegar unos recursos a esos territorios y la capacidad institucional del Estado primario en las regiones es bastante insuficiente, se necesitaba también tener mucha presencia de sociedad civil organizada para poder ejecutar, sin corrupción, ese tipo de inversiones.

¿Cómo hubiera sido esa estrategia para evitar los asesinatos?

Tengo que celebrar que hoy, cada vez la presencia de la Fuerza Pública es mucho más inteligente, no es una presencia solo en las principales vías de esas regiones, han penetrado las veredas, se han ganado la confianza de la comunidad y eso ha sido, de alguna manera, un elemento muy importante para restablecer el orden público. Pero es insuficiente porque los delitos que estamos viendo son justamente donde no ha entrado todavía la fuerza pública y eso es parte de la realidad.

Hay algunos sectores políticos que asocian los homicidios de líderes con determinada ideología, específicamente la izquierda ¿eso qué tanto sustento tiene en la realidad, hay sistematicidad?

Si usted coge una curva histórica y coge los procesos electorales, en las elecciones de Congreso de la República, hubo una caída en afectaciones a líderes sociales, contrario de lo que para la misma época de marzo ocurría en el 2017, que fue el pico más alto de asesinato de líderes sociales. O sea que desde el punto de vista empírico no encuentra asociación entre afectación a líderes sociales y proceso político.

la Fiscalía tiene resultados en las investigaciones de los crímenes ocurridos entre 2016 y 2018, pero nosotros encontramos que hay casos de 2012 que siguen en etapa de indagación

He asumido el compromiso de impedir la impunidad en las afectaciones a los líderes sociales y por eso como Naciones Unidas trabaja con un inventario desde el 2016, nosotros estamos trabajando públicamente frente a esto que está ocurriendo en este momento, sin perjuicio de lo que está haciendo la dirección de Derechos Humanos en relación con los casos anteriores, en donde muchas de esas investigaciones, como por ejemplo, de la Unión Patriótica, las hemos sacado del cesto de la basura para retomarlas.

¿Específicamente, cómo es la estructura de la Fiscalía que lleva estas investigaciones?

Los visitantes internacionales y las organizaciones internacionales que miran lo que está pasando, inclusive las plataformas sociales a las cuales les entregamos la información en la intimidad para que puedan validarla o cuestionarla, advierten que los esfuerzos de Estado desde el punto de vista del poder acusatorio son realmente inéditos porque tasas de imputación del 50 % contrastan con las tasas de imputación que puede haber en ciudades Chicago, en Estados Unidos, en donde hay cámaras de seguridad, tiene testigos de ocasión en todas las esquinas, un sistema de reacción inmediata, la capacidad de llegar al lugar de los hechos en cuestión de segundos. Para los casos de líderes sociales que ocurren en veredas, muchas veces nos toca salir en chalupa desde un puerto del Pacífico, cuatro horas para llegar al lugar. O en Putumayo, donde no existen cámaras, no hay edificaciones, no hay centros urbanos, no hay presencia de testigos y aún así tenemos una capacidad investigativa que realmente sorprende, pero corresponde a varias circunstancias: una, decisión política de la Fiscalía de descubrir realmente, de auscultar lo que está pasando en esta expresión de criminalidad. Segundo, un conocimiento tecnológico que nos ha llevado a apelar a muchos medios de investigación criminal que son desarrollo modelo en América Latina. Y tercero, investigación por ADN que nos está promoviendo el gobierno inglés, que es muy eficaz para estos casos, porque en la escena de los hechos siempre va a quedar una prueba de ADN en la comisión de un delito y si hay modelos investigativos que nos permitan identificar algunos potenciales autores de ciertos crímenes en el lugar de los hechos, podemos tener prueba científica de la comisión de un delito.

Es difícil predecir el futuro, pero ¿esta alerta no se asemeja la Colombia de los años 80 para los líderes sociales?

Ojalá que no sea así, hay una decisión de Estado de enfrentar este fenómeno. Es el Estado el que está confrontando las nuevas dinámicas del delito. No es el Estado de los años 80 como parte de esa situación y eso hace diferencia notable.

Pero usted ha reconocido que es el Estado sin capacidad de proteger su territorio...

En la planeación del posconflicto el Estado se quedó bastante rezagado y si se perciben estas realidades nunca será tarde para llegar prontamente a los territorios. Mientras se negociaba la paz, la gran amenaza que se sugería al país era la inseguridad en los grandes centros urbanos y se les olvidó que el caldo de cultivo y la fuente de la conflagración desde el punto de vista del crimen es el narcotráfico en Colombia y a su alrededor es donde se está suscitando esta tensión y conflicto. Por eso he dicho que lo más importante dentro de las políticas públicas es tener políticas contra el narcotráfico, consistente, coherentes, contundentes y efectivas. Eso nos hubiera aliviado mucho. Un posconflicto con 40.000 hectáreas de coca es muy diferente a un posconflicto con 200.000 hectáreas, desde el punto de vista de las amenazas en los territorios donde debió llegar la paz.

Carlos Alfonso Negret - Defensor Nacional del Pueblo

“Yo no puedo ocultar homicidios de líderes sociales”

Carlos Alfonso Negret, Defensor Nacional del Pueblo, habla sobre la dificultad de la institución para registrar el asesinato de líderes sociales. Asegura que las alertas tempranas que emite sirven, siempre y cuando las otras organizaciones del Estadolas tengan en cuenta. Asegura que hasta agosto de 2016, habían asesinado 33 de los 40 líderes que él anunció estaban en riesgo. Yo no tengo ningún afán de emitir alertas tempranas por emitir”, sostiene.

¿Cuál es la principal dificultad que tiene la Defensoría Nacional del Pueblo para llegar a las zonas donde están matando a los líderes sociales?

Un ejemplo, antes el rey de Cauca, Nariño y Valle del Cauca era un señor que se llama Pablo Catatumbo, que tenía a ‘Pacho Chino’ en el Cauca y este le obedecía. Ahora las disidencias, que están dedicadas en Corinto y Miranda a los secuestros exprés, son un problema muy grave porque no tienen un mando y están ávidos de coger $30 millones, $100 millones. Hace meses mataron a esta niña argentina que, prudente o imprudentemente estaba en su actividad turismo alrededor de la marihuana. No sé si estaba dentro del marco legal o no, pero aquí no podemos matar porque sí o porque no.

¿Cuáles son las consecuencias que ha encontrado la Defensoría del Pueblo en los territorios a raíz de los asesinatos de los líderes sociales?

Quiero reiterar que a los líderes sociales los asesinan por razón del narcotráfico, minería ilegal o restitución de tierras. ¿De qué sirven las alertas tempranas? De nuestra alerta de abril a agosto, cayeron en Colombia 40 ciudadanos que deberían estar vivos. 33 de ellos cayeron en municipios donde nosotros habíamos hecho alertas tempranas, que aunque no decíamos el nombre de Pedro, Juan, Carlos, sí decíamos que era un entorno difícil para ellos. Si creen en las alertas tempranas vamos a evitar los asesinatos de líderes sociales.

Como usted sabe, yo tuve mucha controversia con el Gobierno anterior (Santos) por el tema de las cifras porque decían que se deben tener en cuenta las cifras de Naciones Unidas. Aquí lo que tenemos que trabajar es en el cero. No puede haber un asesinato más.

Si uno ve el mapa de Colombia, no tenemos líderes asesinados en Vaupés, Vichada, Amazonas, Quindío y San Andrés y Providencia. En Boyacá no teníamos hasta julio, pero en agosto ya hubo un caso.

Es supremamente grave la situación. Tengo fe en que vamos a poder seguir trabajando como Estado y una de las manifestaciones del presidente Iván Duque para finales de julio fue que se haría una política pública para la prevención y la protección de los líderes y defensores de derechos humanos. Eso no lo había dicho ningún Presidente y vamos a trabajar con él y con las plataformas, si logramos establecer una política de prevención y protección, la Unidad Nacional de Protección tendrá que trabajar en consonancia con lo que vamos a hacer con el Presidente de la República.

¿Cómo ha hecho la Defensoría del Pueblo el conteo de líderes asesinados?

El problema no es de cifras. No gano nada diciendo que hay cien o trescientos muertos. Yo lo que no puedo hacer es ocultar un homicidio. Cuando el Fiscal General dice que va a trabajar coordinadamente con nosotros es porque: verbo y gracia, en Vichada hay un homicidio. Es un líder social para mí porque es el presidente de la Junta de Acción Comunal, o el líder de la ong de DD. HH. Si de la noticia criminal el Fiscal y sus investigadores del CTI demuestran en un sentencia que el señor fue asesinado por un tema diferente como por ejemplo, problema de aguas, por linderos, ya no tengo 333 líderes muertos, sino 332.

¿Pero ese no es un trabajo propio de los líderes sociales, o por lo menos de las juntas de Acción Comunal?

A los líderes sociales que nosotros tenemos registrados, todos son líderes y defensores; será el Fiscal en el proceso criminal quien nos diga: A Negret lo mataron por defender Derechos Humanos.

La ironía que manejaba el Gobierno Santos es que, por ejemplo, si a mí me llegaban a matar, no quedo en las estadísticas como líder social, yo que soy la cabeza única de la defensa de los DD. HH. en el país, porque para el Gobierno por una política de Naciones Unidas, en la que no creo, soy un servidor público. Entonces si matan a un Personero, a Concejal, no va a quedar su muerte en esas cifras. ¡Están locos!

Pero defensor ¿de dónde salen las cifras que ustedes manejan y que son altísimas?

Hasta que nosotros llegamos a la Defensoría Nacional del Pueblo nunca habían hecho un conteo. Y nunca hubo un conteo porque todas las víctimas eran reportadas a las Farc. Cuando yo llego, en septiembre de 2016, arrancamos con ese conteo que es horroroso.

¿Cómo tenemos nosotros las cifras? En la Defensoría tenemos una unidad que se llama Desplazados, ahí tenemos unos funcionarios que son los defensores comunitarios.

Ellos caminan y conversan los territorios, son personas que hacen parte de la comunidad o que están compenetrados con ellas y saben quiénes son los líderes. Sabían que, por ejemplo, Temístocles Machado era un líder. Pero ahora me dicen que no lo mataron por su trabajo, si no por un problema de tierras. Perdóneme, el Fiscal ha logrado un número importante de esclarecimiento de hechos y de imputados de hechos. Pero una vez el defensor comunitario nos informa del asesinato, nosotros cruzamos toda la información. En marzo del año pasado y en abril nosotros casi con nombre propio le dijimos al Gobierno: van a matarlos. Y 33 de 40 líderes sociales fueron asesinados en municipios donde habíamos hecho alertas tempranas de escenarios de riesgos de seguridad… Yo no tengo ningún afán de emitir alertas tempranas por emitir.

¿Cuáles son las condiciones que deben tenerse en cuenta para emitir alertas?

El conocimiento de la región y el conocimiento del liderazgo social.

¿Algún hecho que marque relevancia?

Te voy a contar la historia: Josuha Mitroti, quien llegó a ser el Director de la Agencia Nacional de Reincorporación, en 2002 emitió una alerta temprana como defensor comunitario de Bojayá. Él hizo la alerta temprana, la elevó a Quibdó hasta llegar a manos del Defensor de la época (Wólmer Pérez) la firmó y la envió al Gobierno. Decía allí que acababa de ver pasar botes por el río embarcando a Bojayá. ¿Qué pasó después?, ¡más de cien muertos!

Una alerta emitida por un señor que después fue director de Reincorporación Nacional. Esa es la calidad de gente que tenemos en las regiones. No es el sobrino del Concejal a quien se le paga un favor. No, es gente con estructura: politólogos, abogados, antropólogos, abogados que están estudiando la problemática social de los territorios.

Nosotros en las alertas hacemos advertencia de escenarios de riesgo. Yo nunca afirmo, pero le digo al Gobierno, ojo que va a pasar eso. Temistócles Machado estaba amenazado, no recibió protección individual, pero pidió al colectiva. No se la dieron y lo mataron.

Según las cifras que ustedes manejan, ¿cuáles son los líderes más afectados por el crimen?

El 70 % son los líderes de Junta de Acción Comunal.

¿Por qué ellos?

Porque están en las zonas más remotas, donde no hay Estado. Ellos son los que salen y le dicen a los bandidos: ‘yo no quiero seguir cultivando coca’, ‘llévense esa draga de aquí que usted con el mercurio está dañándome el río’. Por eso tenemos la certeza de que son líderes sociales. A mí me dicen que soy mamerto porque digo eso y les respondo: ‘no me pongan una lápida’ porque en este país de polarización, el Presidente tiene 300 escoltas, pero yo tengo unitos. El día que lo quieran matar a uno, lo matan.

En este país no le pueden decir a uno que es mamerto porque dice cosas que nadie más se atreve a decir.

¿Si hay unos patrones claros sobre las víctimas, sobre la razón de los crímenes, por qué es tan difícil hablar de sistematicidad?

Porque jurídicamente la sistematicidad solamente la da el proceso criminal. Si de la unidad que maneja el Fiscal se deriva que hay un patrón, él dirá que hay sistematicidad en estos crímenes. Hoy en Colombia no tenemos un señor como Carlos Castaño diciendo que hay que matar al Gobernador del Cauca, como hizo con mi hermano; o que hay que matar al papá del periodista Héctor Abad. Entonces no hay una mente criminal diciendo vamos a matar a los defensores de Derechos Humanos.

Cuando iniciamos la investigación, solicitamos cifras a la Defensoría Nacional del Pueblo sobre asesinatos de líderes sociales entre 2012 y 2017 y no tenían. ¿No cree que es preocupante que esta institución no sepa qué ocurría con estas personas?

Uno no debe hablar en nombre propio, pero hablemos de la Institución, de la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos una institucionalidad muy fuerte, un liderazgo muy fuerte en las regiones, por esta misma razón decidimos contar que a los líderes sociales los están matando.

En 2017, en marzo cuando sacamos la circular 010, diciendo que eran 156 asesinatos y 500 amenazados hicimos eso porque nuestra tarea es contarle al Gobierno que lo que está pasando. Y no es el Gobierno el que los asesina, sino que no es fácil para un Gobierno en trance de paz reconocer que le están asesinado los líderes. Nosotros no tenemos esta situación estudiada como factor criminal, pero lo advertimos. Dicen que esta situación se disparó después de la segunda vuelta presidencial. No, esto viene en una tendencia.

Pero la Fiscalía General y muchos organismos dicen que estas muertes sí tienen relación con la firma del Acuerdo de Paz

Se visibilizó, sí, pero si no hubiera habido proceso de paz serían mil los muertos. ¿Cuántos muertos tenemos según el Centro de Memoria Histórica de las guerras que ha habido en el país? 260.000 muertos y 52.000 desaparecidos. Cuántos de ellos eran líderes sociales que no volvieron a aparecer. Ahora las Farc se fueron y esto se ha podido visibilizar, pero serían muchos más los homicidios de líderes si no se hubiera acabado esta guerrilla.

¿Cómo cambia un territorio donde asesinan un líder?

La angustia, la falta de confianza en las instituciones. La falta de confianza en el Estado. Entonces por eso nosotros no vamos a dejar de ir a las regiones. Para mantener el bastión de confianza y solidaridad. Nadie va donde yo voy, si no quieren ir que no vayan; pero el Estado tiene un responsabilidad con las zonas rurales. Tenemos que invertir en las zonas cocaleras, pero no llevando un mercado al año, sino con una política pública de garantías de producción, comercialización y compra de los productos que los campesinos siembran y que se les pague para que ellos dejen la ilicitud en la actividad de siembra de hoja de coca.

Carlos Guevara - Investigador de Somos Defensores

“La violencia contra el líder social no finaliza con su muerte, siguen con la familia”

Carlos Guevara, investigador de Somos Defensores, dice que la organización lleva 20 años estudiando la situación de los líderes sociales en Colombia. Asegura que la desprotección para estas personas es total por parte del Estado y sostiene que la espiral de violencia no finaliza con la muerte, sino que los verdugos van tras cualquier factor que signifique la legalidad en el terreno.

Somos Defensores lleva 20 años investigando la situación de los líderes sociales en el país. ¿Por qué esta nueva oleada de asesinatos y la disparidad de las cifras?

El tema de asesinatos de líderes es estructural, pero invisible. Ni siquiera el ‘Basta Ya’, que es el libro de memoria histórica en el país, ha registrado el conflicto contra los líderes sociales. Y resulta que históricamente cualquier grupo armado legal o ilegal para poder entrar a un territorio con los primeros que tiene que hablar es con los líderes de la zona y se la ponen así: o usted trabaja conmigo y salva su vida o nos lo impide y lo matamos.

Ahora hay visibilidad por ustedes los medios de comunicación. Obviamente, la reducción de las acciones bélicas entre el Estado y las Farc permitió que hubiera más parrilla de contenidos, más capacidad de difusión y que esos muertos fueran visibles.

El problema es que es necesario construir una noción o definición de qué es un líder social o un defensor de Derechos Humanos porque unos organismos tienen una cifra de muertos, otros menos.

Para nosotros un líder social es en estricta medida, también, un defensor de Derechos Humanos. Es una persona que se desprende un poco de la obsesión de defender solamente sus ideas y pasa a defender los derechos de otras personas, de manera voluntaria. Ahí se hace la diferencia.

¿Por qué tanta diferencia entre las cifras que maneja el Gobierno y las organizaciones sociales o ONG?

La diferencia de las cifras no solo en el concepto sino en la metodología del levantamiento de la información. Aquí hay muchas organizaciones ante el auge y la situación de violencia que repuntó con la firma de los diálogos de paz, con la polarización política. Entonces, comenzaron a publicar informes, pero esos informes no necesariamente tiene una metodología rigurosa de levantamiento de información y efectivamente muchas de ellas incluyen personas que no se dedicaban al liderazgo, sino que eran personas que pertenecían a ciertas comunidades y/o reivindicaban derechos a algún tipo de pertenencia política.

El otro extremo es al que llegan, por ejemplo, observatorios de Naciones Unidas que confirman en terreno que esa persona no solo era líder, sino que es posible que su asesinato estuviera vinculado con su trabajo. Pero hay un tema muy delicado porque estas investigaciones no le corresponde a nadie más que al Estado. Y es ahí donde está nuestra crítica porque el Gobierno no ha querido asumir esta tarea porque sabe que tiene un costo político muy grande. Por eso y para que la prensa lo entienda, es inaudito, es incomprensible que la Defensoría Nacional del Pueblo tenga unas cifras y datos y el Gobierno no las reconozca.

¿Qué piensa usted de que la Defensoría Nacional del Pueblo no tenga registros de la situación de los líderes sociales en el país antes de 2016?

Eso es incomprensible. Nosotros se lo dijimos a Carlos Negrete, actual defensor. A Jorge Armando Otálora en su momento. No podemos entender cómo la principal institución que habla de Derechos Humanos en el país no documentó estas muertes desde siempre. Y aún peor, sabiendo que esos líderes son los que muchas veces trabajan de la mano con defensores regionales y locales. Y cuando los matan no los reivindican, solamente desde 2016. Eso nos parece muy grave.

De hecho, en muchos informes nuestros lo hemos dicho, la Defensoría y el sistema de alertas tempranas, lo conozco de adentro, es una de las pocas oficinas que se dio a la tarea de comenzar a hablar del tema porque era gravísimo. Negrete realmente tiene una perspectiva y opinión distinta porque tiene un talante como Defensor, diferente a los anteriores.

Pero hay un problema de fondo y es que el Gobierno de Santos no quiso asumir el problema. Tenía que documentar los casos, pero su posición fue variopinta; cada que hay un pico de homicidio la respuesta es distinta.

La cifras de la Fiscalía General de la Nación no concuerdan porque no documentan sus casos, reciben los casos de Naciones Unidas y esos son los casos que prioriza en investigaciones. El resto, se va a dormir el sueño de los justos.

Sobre este último aspecto, la Fiscalía General de la Nación presenta resultados de esclarecimientos de casos, pero hay hechos de 2012 que siguen en investigación...

El Fiscal (Néstor Humberto) Martínez se inventó unos términos. Dice que está esclareciendo casos cuando la realidad es otra.

La diferencia es que en la indagación se reúnen todos los elementos prioritarios que hace cualquier autoridad básica en investigación judicial para poder documentar que pasó. Es decir, levantamiento, pruebas técnicas, entrevistas, todas esas cosas están en indagación.

Pero cuando ya pasa a investigación y juicio es cuando se supone que hay una hipótesis de asesinato, hay avance procesal, pero este se puede relacionar con el esclarecimiento de un hecho. Eso es una cosa muy seria porque aquí el Fiscal dice que está esclareciendo los casos cuando la tasa real de impunidad en Colombia supera el 70 %.

En los últimos ocho años, de más de 500 homicidios solo hay 48 condenas. Esa es la única prueba que hay para medir que la justicia funciona y que efectivamente las cosas avanzan: cuando tengo una persona en la cárcel pagando una pena por un homicidio porque ya sé por qué mataron, cuál fue la forma, los autores intelectuales. La única forma de llegar a eso se llama sentencia condenatoria.

¿Usted cree que el problema es solo de la Fiscalía?

Yo insisto en que la Fiscalía puede romperse la cabeza metiendo más personas en las investigaciones, pero hay que empezar a vincular a los jueces porque nunca dicen nada. Aquí ninguna de las instituciones rectoras en el tema judicial, hablan del tema. Aquí le estamos echando toda la culpa a la Fiscalía y soy consciente de que les toca duro y no hay derecho a que la priorización se haga solamente desde 2016. Pero dónde están los jueces, muchas veces llegan las investigaciones con un montón de datos y ellos dejan los procesos quietos. Es que también hay intereses estratégicos en los territorios para que las cosas se duerman.

Hay sectores políticos que responsabilizan al Estado por lo que está ocurriendo con los líderes sociales. ¿Que ha encontrado Somos Defensores?

Este es un debate político de fondo, y el Estado no asume públicamente que sí hay un problema de líderes sociales en Colombia y no solo de asesinatos, sino que hay otro montón de cosas que le pasan a los líderes y no se menciona: amenazas, detenciones arbitrarias, les roban la información de sus casas, oficinas, les hacen inteligencia. Eso sí pareciera una política de Estado, que cualquier sector, ELN, Peluzos, Ejército Nacional, Policía, guerrilla, pudiera hacer y deshacer con los líderes sociales y nadie dice absolutamente nada.

Según las investigaciones que ustedes han hecho, ¿quiénes son los victimarios?

Si nos referimos a los datos específicamente, hay muchísimos datos sobre autores desconocidos, el otro renglón son los grupos herederos del paramilitarismo o los grupos pos desmovilización de las autodefensas. Nosotros creemos que sí tienen un poder local muy fuerte. También una participación importante y significativa en otras violencias y también en homicidios.

Hay unos intereses regionales muy poderosos sobre la muerte de algunos líderes. Y claro que se acabó el conflicto con las Farc, pero esto se volvió un despelote. Las dificultades en la implementación de los acuerdos, la polarización política, los intereses locales de los grupos pequeños que quedaron y de otras guerrillas, los intereses connacionales (de carteles mexicanos y brasileños) confluyeron para que haya regiones que, primero, es sean difíciles de gobernar o implementar políticas en un contexto como este. El segundo, sí creemos que es más difícil todavía proteger a personas que están hablando del tema de la paz en un contexto como este. Pero no todas las personas que han sido asesinadas, la mitad, no han sido asesinadas por hablar de paz sino por otras conflictividades.

¿Cual es la vulnerabilidad de líderes comunales y los líderes que defienden los Derechos Humanos?

Nosotros teníamos en nuestro sistema de información, cuando empezamos, 25 distintas clasificaciones de quienes podrían ser líderes sociales y defensores. Eso se ha venido reduciendo porque resulta que nos dimos cuenta que hay una multiplicidad de derechos que defiende una misma persona y clasificarla es muy difícil.

Hay personas que están metidas en el liderazgo comunitario, pero también trabajan por el acueducto local, o por un caño de aguas limpias, o haciendo veeduría ciudadana de recursos de transferencia.

Los comunales sí tienen las tasas más altas de homicidios junto con los líderes indígenas porque son los que están en el terreno. Ellos sí saben lo que pasa allí, son los que ven pasar los grupos armados y alertan y por eso son asesinados. Están en los territorios más básicos, donde muchos grupos tiene control y presencia de intereses, donde hay corrupción.

¿Cuál es la consecuencia del asesinato de un líder en su territorio?

Nosotros hicimos el año pasado un informe en el que documentamos qué pasaba, cuáles eran los impactos en los territorios. Nos sorprendió que más del 60 % de las familias de un líder después de que lo matan, son amenazadas otra vez. No es que maten el líder y se acabó el problema. Matan el líder y vuelven y lo amenazan. Hacen hostigamiento contra la organización para la que trabajaban, muchas de ellas se desintegran. Obviamente, los otros liderazgos también se acobardan. Matan un líder y el proceso se viene abajo.

La familia la estigmatiza la propia comunidad, se genera un desentendimiento social de destrucción del tejido social, a tal nivel que la familia se tiene que ir desplazada. Las familias resultan (con estudio de casos) con problemas nerviosos, enfermedades.

Otra cosa es la relación con los hijos o líderes juveniles. Es dramático ver cómo la mayoría de familiares no quieren saber nada del trabajo del papá o la mamá. La afectación es muy grande y una conclusión muy gruesa del estudio es que el fenómeno de violencia contra el líder social no finaliza con la muerte. Aquí lo matan, pero siguen con la familia.

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