Gobiernos de América Latina emiten comunicado sobre la crisis en Venezuela

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Por: João Flores da Cunha | Traducción: Juan Luis Hermida | 19 Abril 2017

Los gobiernos de 11 países de América Latina emitieron el 17-4 un comunicado conjunto en que “manifiestan profundo pesar y rechazo” por las muertes de seis personas en manifestaciones realizadas en Venezuela en los últimos días. El texto es firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, ParaguayPerú y Uruguay.

El comunicado insta al gobierno del país “a asegurar el derecho a la manifestación pacífica, así como consagra la Constitución, y a impedir cualquier acto de violencia contra los manifestantes”. El texto pide todavía para la oposición “ejercer con responsabilidad su derecho a manifestarse y, así, realizar una manifestación pacífica en que las personas se expresen con tranquilidad.”

En las últimas tres semanas, la represión a una serie de protestos en Venezuela produjo la muerte de seis personas, como registra el texto. La oposición convocó a nuevos actos para el 19-4. También hay manifestaciones gubernistas convocadas para el mismo día, que marca la declaración de la independencia del país (en 1810), y es un feriado nacional.

El comunicado también pide que el gobierno venezolano defina “con celeridad las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una rápida solución a la grave crisis que vive Venezuela y que preocupa a la región.” Elecciones regionales que deberían haber ocurrido al final de 2016 fueron pospuestas para el primer semestre de 2017, con fecha todavía no definida.

La iniciativa de los países latinoamericanos llama la atención porque fue apoyada no apenas por gobiernos de centro derecha, más propensos a criticar las políticas de Nicolás Maduro, sino también por gobiernos de izquierda: los de Chile, de Costa Rica y de Uruguay. Así, el comunicado señala para un cambio de tendencia que puede aumentar el aislamiento del gobierno venezolano en la región.

En este escenario, la iniciativa acabó uniendo países que recientemente tuvieron desacuerdos diplomáticos. En la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dejó el plenario junto con su canciller en el momento en que el presidente de Brasil, Michel Temer, comenzaba su discurso. También protestaron contra la intervención de Temer, que asumió el cargo después del impeachment de Dilma Rousseff, las delegaciones de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

En Uruguay, existe hace años una disputa interna en el Frente Amplio, el partido en el poder que es integrado por diferentes corrientes y tendencias de izquierda, sobre las relaciones de su país con Venezuela, y la actual crisis fue la primera ocasión en que el gobierno uruguayo expresó públicamente duras críticas al país venezolano.

También el gobierno de centro izquierda de Chile firmó el comunicado. La presidenta del país, Michelle Bachelet, había afirmado el 30-3, por medio del Twitter, que “la situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina, debemos defender la convivencia democrática en nuestra sociedades.”

Bachelet se refería al hecho de que, el 29-3, el Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela retiró la función legislativa de la Asamblea Nacional y la atribuyó al propio tribunal. La corte también invalidó la inmunidad parlamentar de los diputados, que en su mayoría son de oposición al gobierno. Las iniciativas fueron revertidas desde entonces, pero los protestos permanecen.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó el comunicado emitido por los gobiernos de la región. Ella clasificó la iniciativa de “grosera injerencia”, y criticó lo que llamó de “doble estándar y selectividad política” de los países que firmaron el texto.

Para ella, “no existe fuerza imperial en la Tierra que derrote al pueblo soberano de Venezuela.” El gobierno del país denuncia que existe una intervención extranjera en marcha para derribar a Maduro del poder.

Maduro participó el 17-4 en Caracas de un acto en el que buscó evidenciar el apoyo del Ejército del país a su gobierno. La manifestación fue convocada como una celebración de 7 años de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, que es tratada por el gobierno como una “unión cívico militar.” El presidente también anunció planos para expandir las fuerzas de esa milicia, que es formada por voluntarios civiles y reservistas del Ejército.

Esa unidad de defensa fue creada en 2010, en el aniversario del golpe de Estado de abril de 2002, en que el entonces presidente Hugo Chávez fue destituido del poder temporariamente y llegó a ser detenido en una unidad militar. El proceso fue impulsado por parte del Ejército venezolano.

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