Migrantes y Refugiados. El respeto a la dignidad humana está en crisis

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20 Outubro 2018

Compartimos el comunicado de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM CA&NA) sobre la situación humanitaria de los migrantes en nuestra América.

El reportaje es de Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, 18-10-2018. 

(Foto: Esteban Ignacio/ Flickr)

El desplazamiento forzado de miles personas en nuestro continente requiere acciones urgentes y duraderas. Las personas que huyen de la miseria y la violencia siguen siendo criminalizadas, agredidas o asesinadas en las rutas. Quienes han sobrevivido a abusos de toda índole, no pueden mantenerse abriendo trechos al margen del respecto a sus derechos humanos.

A menos de dos meses del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el momento oportuno para reflexionar sobre avances y retrocesos. No es cierto que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, las migraciones forzadas dan evidencia inobjetable de ello.

(Foto: Esteban Ignacio/ Flickr)

En el último año hemos atestiguado el surgimiento de nuevas crisis y el recrudecimiento de otras en el contexto migratorio de las regiones de Centroamérica y de Norteamérica. En el trabajo que impulsamos obras sociales, comunidades de base, parroquias, universidades y centros de derechos humanos que formamos parte de la RJM CA&NA, nos preocupan significativamente cinco escenarios:

  • La crisis humanitaria en la frontera de México con Estados Unidos que se ha agravado producto de políticas orientadas a restringir el acceso a la protección internacional, lo que viola las leyes estadounidenses y va en contra de la normativa internacional en materia de derechos humanos. Estados Unidos está obligando a los solicitantes de refugio, que llegan con la intención de entregarse a las autoridades correspondientes, a esperar del lado de México tiempos prolongados y en condiciones precarias. En Nogales, Sonora, familias de México y Centroamérica, muchas con niños pequeños, aguardan hasta un mes, sufriendo frío, hambre y enfermedades u otros tipos de vejaciones como acoso y abuso sexual, extorsiones y robos. En varios puntos de ingreso, autoridades mexicanas están colaborando para frenar la entrada de solicitantes de asilo, práctica que agudiza la crisis.
  • La crisis de separación familiar. No sólo en la frontera con México, también a lo interno del país, el gobierno de Trump ha concretado una de sus más brutales acciones antiinmigrantes: la separación de familias. En esta administración, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) está deteniendo y deportando cada día a más personas inmigrantes que viven dentro del país. En promedio, los que llegan a sus países de origen como deportados habían vivido al menos 20 años en Estados Unidos. La mitad de ellos no tenían ningún record criminal y fueron capturados mientras conducían, en redadas de lugares de trabajo o barrios. Pueden pasar meses en detención y la mayoría de estos casos terminan en deportación. Entre 2016 y 2017, el porcentaje de papás o mamás deportadas y separadas de sus familias aumentó en un 120%. En este año y sólo para el caso de Nogales, Sonora, cerca de mil personas sin sus hijos habían llegado como deportadas. Niños, niñas y adolescentes terminan viviendo en el país con un solo progenitor, con tíos o abuelos, o se tienen que mudar al país de origen con sus padres, cuando las condiciones del traslado son posibles, aún y cuando no conozcan nada del país de sus padres. Estas políticas no solo atentan contra los valores humanos, sino que generan traumas y supone una flagrante violación a los derechos constitucionales de las personas menores de edad.
  • La crisis sociopolítica en Nicaragua que ha generado la salida de varias decenas de miles de nicaragüenses –en su gran mayoría jóvenes- que sobrevivieron a amenazas, asesinatos de familiares, persecuciones, torturas y detenciones arbitrarias por participar en las diferentes movilizaciones en contra de la política represiva y autoritaria del actual gobierno. Este desplazamiento forzado es la única opción para proteger sus vidas frente a un Estado –que como afirman organismos internacionales- ha cometido graves y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos. Las necesidades de protección internacional de nicaragüenses, sólo en Costa Rica, han impactado de manera significativa el trabajo humanitario en el país vecino. Han generado un colapso institucional que limita la capacidad de una respuesta adecuada para procesos de regularización y otros servicios. Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes, que para el año 2017 registró un total de poco más de 6 mil solicitudes de refugio, por lo que ha supuesto un desafío importante, atender las 20 mil nuevas solicitudes de refugio que han presentado personas nicaragüenses en los últimos 4 meses.
  • La crisis cotidiana de subsistencia de hombres y mujeres centroamericanas, derivada de la imposición de sistemas políticos autoritarios y modelos económicos excluyentes obligan a las personas a huir de sus países para tener una vida digna y a veces para salvaguardar la vida. Sólo en 2017 se han registrado 298,387 personas centroamericanas refugiadas o solicitantes de refugio. Un doloroso ejemplo de esta realidad es la actual Caravana conformada por más de 2000 mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, personas de la diversidad sexual y personas de la tercera edad procedentes de Honduras, quienes han tomado sus pocas pertenencias en mano y huyen de su país hacia una ruta larga y peligrosa.
  • La crisis de violencias en México como país de tránsito y destino que impacta de manera directa en las personas migrantes centroamericanas y a la población mexicana de retorno al país. México ya es un país de destino, en la mayoría de las ocasiones forzado. Preocupa que entre 2013 y 2017 incrementaron 1026% las solicitudes de refugio y hay una falta de capacidad institucional para responder, ya que hasta 2017 había un rezago de casi el 60% de las solicitudes. Las crisis que se viven en la región son las mismas que están desplazando a miles de personas dentro el país. Se generan violencias que ponen en mayor vulnerabilidad a migrantes forzados: según lo informa la Red de Documentación de las Organización defensoras de Migrantes (REDODEM), los migrantes en tránsito sufren violencias por parte de agentes privados y del estado; continúa una política de detención y deportación como control migratorio que es violatorio a las necesidades de protección internacional, tan solo hasta agosto de 2018 se han detenido a 86431 personas y deportado al 83%. Todo es una muestra de hostilidad con que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha respondido y sigue respondiendo, un ejemplo claro es la respuesta de militarización de la frontera, que están dando las autoridades mexicanas frente a la caravana de migrantes que ya está en Guatemala.

¡Nuestra humanidad está en crisis! Estos y otros dramas que afectan tan profundamente a nuestros países, son consecuencia de problemas estructurales propios de la imposición de modelos económicos neoliberales y políticas de seguridad con enfoque militarizado para toda la región.

Como Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica trabajamos de manera decidida para dar respuesta a estas crisis y sus causas, y por ese motivo nos sentimos en el derecho también de demandar y reafirmar compromisos:

  • Exigimos el cambio de enfoque de seguridad nacional que criminaliza la migración por uno que priorice la seguridad humana y la garantía del respeto y promoción de los derechos de todas las personas migrantes.
  • Reclamamos a nuestros gobiernos que cumplan con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, y de implementar los tratados de derechos humanos internacionales.
  • Exhortamos a todos los Estados de la región, en particular a los países de la región Norte de Centroamérica, así como a México y a Estados Unidos a que garanticen la protección y seguridad personal de las personas que integran la Caravana procedente de Honduras. Que en todas sus actuaciones, cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en una situación de movilidad humana, reconociendo el derecho a migrar, a solicitar asilo y recibir protección internacional, así como a la seguridad e integridad personal, basando siempre su actuar en un plano de igualdad y no discriminación, sin importar la situación migratoria de las personas ni ninguna otra situación de vulnerabilidad.

Como RJM CA&NA nos comprometemos a seguir defendiendo los derechos y la dignidad de la población migrante forzada, a través del acompañamiento directo social y pastoral, la incidencia y la investigación para la transformación social.

Creemos firmemente en la articulación con otros movimientos para buscar alternativas a los modelos sociales y políticos que acaban con la vida.

Celebramos los múltiples esfuerzos de resistencia y transformación que nos contagian las personas que han sobrevivido a experiencias de desplazamiento forzado.

Y hacemos eco de las palabras de San Óscar Arnulfo Romero: “Es triste tener que dejar la patria, porque en la patria no hay un orden justo...”

Hoy más que nunca, el mensaje inspirador de San Romero, es el que nos da la fuerza necesaria para que sea la justicia nuestra única bandera y el respeto a la dignidad, la más grande aspiración compartida, esa que nos permita hacer florecer la vida en esta casa común que habitamos.

17 de octubre 2018. San Salvador.

Reunidas delegaciones de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá que forman parte de la RJM-CANA

(Foto: Esteban Ignacio/ Flickr)

Notas

La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA) es la articulación de más de 25 instituciones de la Compañía de Jesús en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá que promueve el trabajo comprometido con las personas migrantes, desplazadas, refugiadas y sus familiares y otros actores de cambio en la defensa de sus derechos en los países de origen, tránsito, destino y retorno. La Red sostiene que toda persona tiene derecho a vivir, trabajar y realizarse humanamente y en plenitud en su lugar o país de origen. Pero cuando ello no es posible, tiene el derecho de buscar mejores condiciones de vida fuera de su lugar de origen, bien sea dentro de su país o atravesando alguna frontera internacional

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